La Xunta aprueba la participación pública en nuevos parques eólicos

El Consello de la Xunta aprobó definitivamente la participación pública en los nuevos parques eólicos que se construyan en Galicia. El Decreto Eólico aprobado ayer establece las nuevas condiciones para instalar 2.300 megavatios (unos 2.000 aerogeneradores).

La cesión gratuita de acciones a la Xunta se cita con "carácter voluntario", aunque se indica que puntuará un máximo del 30% en el concurso de adjudicación de nuevos parques eólicos. El plan eólico de la nueva Xunta establece la caducidad de los derechos y privilegios adquiridos por los principales operadores (Endesa, Acciona, Enel-Fenosa e Iberdrola).

El nuevo modelo contiene cláusulas contra las firmas especuladoras

El Decreto Eólico introduce nuevas fórmulas para evitar la especulación y el nepotismo en el sector: obliga a que la empresa solicitante tenga al menos tres años de experiencia en el sector eléctrico; exige un mínimo del 20% en recursos propios sobre la inversión necesaria del parque que se solicita; e impone la necesidad de "tener en servicio" el parque eólico en un plazo máximo de 12 meses. Fuentes de las empresas informaron de que es muy probable que no lleguen a pleitear contra la Xunta, tras los acercamientos realizados en las últimas semanas entre la Consellería de Industria y los principales operadores.

Respecto de la participación pública, el presidente Pérez Touriño dijo ayer que su finalidad es la de "asegurar el retorno social de las inversiones" a Galicia. La nueva norma sustituye a un decreto de 2001 y lleva un año enredada en una fuerte polémica con empresarios y juristas por su posible ilegalidad.

El plan de la Xunta es alcanzar los 6.500 megavatios eólicos en 2012, lo que mantendría a Galicia como la primera potencia española en producción eléctrica a partir del viento.

La patronal eólica gallega indicó ayer que no emitirá su valoración hasta que conozca el nuevo decreto.Por cada 100 aerogeneradores que pretenda instalar cualquier empresa eólica que se presente al concurso tendrá que disponer de unos recursos propios acreditados de, al menos, el 20% de la inversión, es decir unos 25 millones de euros. Esta es una de las cláusulas contra la especulación introducidas por el nuevo Drecreto Eólico aprobado ayer por la Xunta. También se obliga a que, al menos del 25% de las acciones de la empresa eólica estén en manos de un empresario que tenga no menos de tres años de experiencia en el sector eléctrico.

Algunos nuevos grupos eólicos, como el conformado por las constructoras gallegas San José y Copasa y la alimentaria Coren, tienen previsto constituirse con un capital social de 120 millones de euros para poder optar al menos a 600 megavatios de la nueva potencia.

Todas las cláusulas polémicas (participación pública y remuneración a los propietarios de los montes) han sido incluidas en un apartado de carácter "voluntario" y que, como máximo, puntuará un 30% en el concurso público de adjudicación.

Algunos propietarios de montes donde se instalarán parques eólicos mostraron ayer su desilusión y dijeron sentirse "traicionados por la Xunta". Es el caso del sindicato Unións Agrarias que afirma que "la Xunta ha elidido garantizar que los beneficios de las eléctricas redunden en el desarrollo rural".

Pérez Touriño

Durante la presentación del nuevo texto legal, el presidente del Gobierno gallego aseguró que "El decreto pasó por todos los trámites e informes pertinentes. Cuando lo aprobamos es porque estimamos que cumple todos los requisitos", dijo Emilio Pérez Touriño. Además, el máximo responsable de la Xunta subrayó que "se han cumplido de manera sustancial la mayor parte de los requerimientos del Cosnello Consultivo y se mantienen vivos los criterios de política energética".

La patronal eólica gallega, comandada por el grupo Endesa Acciona, ya ha amenazado con acudir a los tribunales si entienden que el nuevo decreto obliga a ceder gratuitamente a la Xunta acciones de los nuevos parques eólicos.

El presidente Touriño precisó que la nueva legislación eólica aprobada "introduce criterios de transparencia y de competencia", aunque "luego habrá una orden que desarrollará el decreto y en la que se precisarán algunos de los temas a los que hace referencia".

El Decreto Eólico mantiene la posible expropiación forzosa de las zonas clasificadas para la expropiación eólica.