Reportaje:

Puñetazos en la mesa del Constitucional

El tribunal tramita las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, tras cinco meses de fuertes disputas

Alguien, al fin, dio un puñetazo en la mesa. "Ya está bien con vosotros dos", exclamó. El gesto del magistrado, uno de los conservadores más respetados en el Constitucional, puso fin a cinco meses de interminables discusiones propiciadas por los jueces Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Fue el final que todos intuían. El fin de las jornadas de tensión y escaramuzas en torno a las recusaciones de cinco magistrados, de cruce de escritos, de esgrima de estrategias en la vorágine del desprestigio. El lunes, el tribunal admitió a trámite las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata y tachó de "intento de abuso de derecho" y "fraude procesal" el esperpento de unas impugnaciones del PP.

"¡Si Casas no sale, el PP la recusará", gritó García-Calvo en el pleno
La tensión se disparó y Zapata abandonó la reunión

Las recusaciones del PP contra tres magistrados, basadas en una información falsa para "contrarrestar" las presentadas por el Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata, colmaron la paciencia de todos y propiciaron una de las resoluciones más duras del tribunal. Un fuerte varapalo que atribuye al PP un "uso desviado de las normas del proceso", el "desconocimiento del régimen de la prueba" o "la situación crítica" creada al tribunal con las tres recusaciones.

Pero, entre líneas, el auto refleja la afinidad entre los argumentos del PP y los votos particulares de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, que cuestionaron el orden de las recusaciones y la validez del desmentido a El Mundo. Una afinidad latente que, sin embargo, deja en el aire cómo las "conversaciones internas de los magistrados" llegaron a un periódico para servir de base a las recusaciones.

Esa afinidad ya se manifestó cuando García-Calvo fue recusado por la Generalitat por haber escrito en un voto particular que el Estatuto de Cataluña propiciaba la "fractura de España". La misma mañana en que iban a verse la admisión de esa recusación de García-Calvo y de la del PP contra Pérez Tremps, el PP registró una segunda recusación contra la presidenta, María Emilia Casas, media hora antes del pleno. El escrito iba firmado por Federico Trillo-Figueroa. La operación consistió en sacar del pleno a Casas para negociar su recusación a cambio de la de García-Calvo. Así se hizo, y quedó pendiente la de Pérez Tremps, pero con éste fuera del tribunal, los conservadores consiguieron primero la admisión y después la expulsión de Pérez Tremps del recurso del Estatut.

El ex ministro de Defensa es amigo personal de Rodríguez-Zapata, y éste es, a su vez, el inseparable colega de García-Calvo en el tribunal. Ambos forman ya una firma mancomunada en cartas de protesta y votos particulares. Trillo sólo aparece en los momentos clave, como ingeniero de estrategias procesales. Estuvo en la operación de recusación de la presidenta, pero aquel éxito se ha tornado en fracaso por el rechazo de la triple recusación fraguada en Génova que ha partido en dos al sector conservador.

Sin embargo, meses antes de la triple recusación del PP, ya había señales de disenso entre los conservadores. El 2 de julio, El Mundo daba cuenta de que García-Calvo y Rodríguez-Zapata discrepaban de la reforma y pedían la dimisión de la presidenta. Casas convocó un pleno en el que el resto de magistrados decidieron "no tomar en consideración" la propuesta de ellos dos para "no contaminarse".

El recurso del PP contra la reforma de la ley del tribunal devolvió la unidad a los conservadores, pero sólo en apariencia. Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, presentaron su abstención con la esperanza de que, siguiendo la restrictiva doctrina del tribunal sobre éstas, el pleno las rechazara.

El pleno de las abstenciones, presidido por el conservador Vicente Conde, estuvo plagado de incidentes. El 16 de octubre se celebraba su última reunión para estimar las abstenciones de Casas y Jiménez. Los progresistas echaban el resto para que se desestimara. Estaban a punto de conseguirlo, pero la crispación se disparó y el conservador Rodríguez-Zapata, sobreexcitado, abandonó el pleno dejando a todos perplejos.

En plena confusión, García-Calvo, resuelto a sacar adelante las abstenciones, dejó aún más atónitos a los que quedaban, al estallar: "¡Si la presidenta no sale, el PP la recusará!". Con Rodríguez-Zapata reincorporado, las abstenciones se resolvieron por Conde, presidente accidental, que apartándose de la doctrina del tribunal deshizo el empate con su voto de calidad.

Con Casas y Jiménez fuera y el voto de calidad en manos conservadoras, el Gobierno se decidió a recusar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata por la parcialidad mostrada en su carta a la presidenta, en la que expresaron su "profunda discrepancia" con la reforma de la ley. El PP, a su vez, recusó a Sala, Aragón y Tremps, basándose en la información de El Mundo, que aseguraba que los jueces se manifestaron a favor de la reforma de la ley del tribunal. De paso, la maniobra del PP dejaba sin quórum a un tribunal que no pude funcionar con menos de ocho magistrados. Quedaban cinco.

Con el tribunal abocado a la parálisis, cundió la responsabilidad. Seis magistrados redactaron un rotundo desmentido a la información de El Mundo, entre los que figuraban los conservadores Jiménez y Rodríguez Arribas. Pero fue la intervención de Conde, en su papel de presidente en funciones, la que resultó providencial.

Éste dirigió una insólita consulta a los magistrados sobre la viabilidad de convocar un pleno en el que participasen todos, incluidos los recusados. Tras pertrecharse de una mayoría favorable, impuso un orden del día inesperado: primero se verían las recusaciones del PP y luego las del Gobierno, invirtiendo el orden en que fueron presentadas. Un orden del día sólo para iniciados, presagio del rechazo total de las recusaciones del PP. Pero el orden del día es facultad del presidente y Conde se mantuvo firme frente a los votos particulares, alegaciones amenazantes y exigencia de "confesiones juradas" que montaron el PP y sus dos jueces afines.

¿Qué queda ahora? Las recusaciones del Gobierno han sido admitidas a trámite, lo que no implica que Calvo y Zapata sean expulsados del pleno que debe juzgar la ley del tribunal. La discusión se prevé larga y difícil. Mientras, el recurso del PP quedará en suspenso. Quizá meses.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 08 de diciembre de 2007.

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