Reprimenda al PP

Es difícil encontrar en los anales del Tribunal Constitucional, y posiblemente en los de la justicia ordinaria, una reprimenda judicial tan fuerte (y razonada) como la que le ha propinado al Partido Popular (PP) por su modo de proceder en la recusación planteada contra tres de sus magistrados. Bien es cierto que no hay registro de un precedente de temeridad y mala fe comparable.

La decisión del Constitucional, rechazando de plano las falsas recusaciones del PP y poniendo al descubierto su maniobra, constituye un gesto de autoridad propio de su función que se venía echando en falta para poner coto a los intentos cada vez más descarados de instrumentalizarlo. Pero también lo es de dignidad, tanto más necesario cuanto burdo y desconsiderado ha sido el ardid con el que se le ha querido enredar.

Un litigante particular o ciudadano normal que se viera acusado de pretender engañar a un tribunal y de faltarle el respeto seguramente se sentiría avergonzado. Por eso resulta escandaloso que un partido de gobierno como el PP, que lo ha ejercido y espera ejercerlo, que representa a 10 millones de ciudadanos y que en los últimos tiempos ha hecho bandera de la defensa de la Constitución, se haga merecedor de los reproches de abuso de derecho, fraude procesal y falta de respeto que le hace el Constitucional. Y que se concretan, especialmente, en el redactor del escrito de recusación, el antiguo subsecretario de Justicia y secretario de Estado de Seguridad y hoy diputado Ignacio Astarloa, al que se le exige guardar "el respeto que institucionalmente le es debido al tribunal y a sus miembros, exigencia que no se ha observado en el escrito de alegaciones del 20 de noviembre".

Sería exigible que una actuación así tuviera algunas consecuencias tanto para quienes la han urdido y le han dado cobertura jurídica como para los cooperadores necesarios en la fabricación de la falsa noticia sobre la que se montó el engaño. Utilizar como prueba un recorte de prensa con una falsa noticia, desmentida por los únicos que podían conocer lo sucedido, es burlarse del tribunal.

El PP o los sectores de ese partido avergonzados por este episodio (jurídicos en particular) harían bien en tomar nota de la reconvención que se les hace para poner freno a la instrumentalización de las instituciones, y también de los símbolos compartidos, que sus dirigentes vienen haciendo a lo largo de la legislatura. Desoyendo las llamadas del resto de los partidos, el PP sigue impertérrito con su bloqueo del Consejo del Poder Judicial y se apresta a repetir la jugada con la próxima renovación por el Senado de cuatro magistrados del Constitucional.

Su estrategia no deja lugar a dudas: aplazar a su conveniencia los recambios en las instituciones hasta después de las elecciones, por si las gana. Que se preste a este juego un partido que es el principal de la oposición es para preocuparse. Por él; y por la democracia.