El TSJ anula la concesión de una línea del bus en La Vila
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha ordenado el "inmediato cese" de la línea de autobús urbano 203 de La Vila Joiosa (Marina Baixa) que une el centro con el núcleo residencial de La Cala, en el que residen en verano hasta 10.000 personas.
La sentencia explica que el anterior equipo de Gobierno "alteró una concesión administrativa sin cobertura jurídica y sin seguir procedimiento necesario para ello". El ex alcalde, José Miguel Llorca Senabre, del PP, aprobó modificar una línea de la concesionaria del transporte urbano, Autobuses Playa de San Juan (Auplasa), al margen de la ley. La decisión se hizo sin concurso público, tras la petición de esta empresa, que es la adjudicataria desde 2001 del bus en la localidad, de asumir la nueva línea a esta zona residencial.
La Unión de Benissa SA (Ubesa), empresa que presta un servicio interurbano, presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y Auplasa, al considerar que esta línea restaba pasajeros a su recorrido actual, ya que une La Vila con otras poblaciones, parando en esta zona de playa.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante falló en su contra de Ubesa el 22 de septiembre de 2006 por defectos de forma, pero la empresa de transportes recurrió al TSJCV, que en sentencia de 14 de noviembre de 2007 les ha dado la razón y ha obligado al Ayuntamiento y a Auplasa a dejar sin servicio de autobuses a gran parte de la ciudad. Contra la sentencia no cabe interponer recurso.
Zona residencial
La Cala de La Vila se encuentra a unos siete kilómetros del centro y sus vecinos se han quejado de que el desarrollo urbanístico de los últimos años no ha sido parejo al de infraestructuras. El servicio de bus ha sido uno de los más demandados y se puso en marcha en diciembre de 2003 tras largas reivindicaciones. Fuentes del actual equipo de Gobierno, del que forman parte el PSPV, Bloc, Iniciativa Independiente y Esquerra Unida, de La Vila Joiosa han explicado que los servicios jurídicos estudian denunciar al ex alcalde, José Miguel Llorca Senabre, por un presunto delito de prevaricación por esta adjudicación. Al mismo tiempo, han iniciado las negociaciones con varias empresas de transporte para restablecer el servicio de autobuses en La Cala mediante una fórmula legal.
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