La impunidad ya tiene carta blanca en México

Muchos mexicanos llegaron a creer que la justicia acabaría por imponerse. Durante meses albergaron la ilusión de que la Corte Suprema abriría la puerta al juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de violar los derechos individuales de la periodista Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963). Había indicios de que el sueño podía hacerse realidad en uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción en los poderes públicos.

Desde abril de 2006, el más alto tribunal rastreó la actuación presuntamente delictiva de todo un gobernador -figura intocable en México-, a partir de la denuncia de una simple reportera. Dos comisiones investigadoras interrogaron a servidores públicos, gobernador incluido, recogieron testimonios de las víctimas y examinaron 1.595 averiguaciones previas de delitos sexuales cometidos en agravios de menores. El caso había salido a la luz en mayo de 2005, con la publicación del libro de Cacho Los demonios del edén, que denuncia una amplia red de pornografía infantil, a partir de las declaraciones de varias muchachas víctimas de abusos, en la que están implicados políticos y empresarios influyentes.

El gobernador de Puebla ideó el secuestro de una periodista crítica

El Supremo protege la corrupción política en una polémica sentencia

Bajo intensas presiones desde las más altas instancias políticas llegó el día del dictamen de la Corte. Cacho, sus abogados y muchos observadores confiaban en que seis de los 10 miembros del tribunal votarían contra el gobernador. "Esperemos que se haga justicia, pero no se rinda, que el país tampoco se rinde", había dicho el juez Juan Silva Meza a la periodista.

La noticia saltó la tarde del 29 de noviembre. Fue un golpe durísimo para Lydia Cacho y todos aquellos que querían creer en la Justicia, con mayúsculas. Por seis votos a cuatro, la Corte Suprema reconoció que en el caso se presentaron actos indebidos y algunas violaciones de garantías, que no fueron graves y, por lo tanto, no merecen un pronunciamiento del más alto tribunal. El fallo ha cerrado la última puerta del ordenamiento jurídico mexicano. A la periodista sólo le queda acudir a los tribunales internacionales. "El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores", escribió René Delgado, director editorial del diario Reforma, que calificó el dictamen de "monumental homenaje a la impunidad y el cinismo".

El gobernador Marín ya puede dormir tranquilo. La Corte Suprema no ha encontrado motivos suficientes para actuar contra este dinosaurio político del PRI, y otros 29 funcionarios estatales. Y lo que es más grave, no hace mención alguna a la red de pornografía infantil y los abusos sexuales de menores, a pesar de que los jueces de la comisión investigadora del Supremo recogieron los testimonios de varias de las víctimas. "¿Cómo pueden decir estos jueces que esto no pasó? ¿Ya no existimos?", preguntaba una niña de 15 años a Cacho el día después del fallo.

Aparentemente, dos de las integrantes del Alto Tribunal, Olga Sánchez y Margarita Luna, cambiaron su voto en el último momento, lo que permitió una mayoría favorable al gobernador. Fuentes próximas a la Corte confirmaron las presiones de altos dirigentes del PRI para defender a su correligionario Marín. "Nunca en la historia de México había existido una cuestión tan clara sobre el bien y el mal", ha comentado Cacho.

El libro Los demonios del edén fue una bomba, pues en sus páginas los demonios tienen nombre y apellido de políticos y empresarios poderosos, como el hotelero Jean Succar Kuri, jefe de la red delictiva, actualmente preso, y su amigo, el empresario textil de Puebla, Kamel Nacif. Este último denunció a la periodista ante las autoridades poblanas por difamación y calumnia.

En una acción ilegal, Lydia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún (Estado de Quintana Roo) por policías judiciales del Estado de Puebla, que la trasladaron a esta ciudad en un viaje infernal de más de 20 horas. Las amenazas de muerte y la tortura psicológica continuaron en la cárcel de Puebla, hasta la puesta en libertad bajo fianza. Las pocas dudas de que el gobernador Marín estaba detrás de aquella detención ilegal se desvanecieron al difundirse la grabación de una conversación telefónica entre Marín y su amigo Kamel Nacif, en la que aquel decía textualmente: "Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona". Desde entonces y hasta la semana pasada la periodista se movía con escolta policial.

La comisión investigadora de la Corte Suprema, que coordinó el magistrado Silva Meza, concluyó que "sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho", y que "sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad".

En una sesión pública del más Alto Tribunal, el juez Silva Meza fue contundente al referirse a la red de explotación infantil en Cancún: "La periodista Lydia Cacho se quedó corta con su libro".