El Supremo decide hoy el futuro judicial de Botín e Ibarretxe
El Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo está divido sobre la solución a dar a lo que se podría llamar el caso Botín-Ibarretxe. La cuestión que debate hoy se refiere sólo a si el primer banquero de España, Emilio Botín, se sienta o no en el banquillo por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. Pero el criterio que aplique el Supremo servirá de guía para otros dos procesos: el juicio al lehendakari Juan José Ibarretxe por desobediencia y el caso del ácido bórico, en el que se acusa de falsedad a cinco mandos policiales.
Los tres procesos tienen el común denominador de que ni la fiscalía ni ningún perjudicado por el delito se han constituido como acusación particular. Los imputados llegan al banquillo sólo por la acción popular, representada en cada caso por distintos colectivos. La cuestión es: ¿Puede cualquier ciudadano no perjudicado por un delito, por su sola voluntad, actuar penalmente contra otra persona, incluso en contra de los intereses del ofendido por el delito y en contra del criterio del Fiscal?
Si el Supremo confirma hoy el sobreseimiento de la causa contra Botín, el Tribunal Superior del País Vasco tendrá que levantar del banquillo a Ibarretxe, a los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y a cinco jefes de Batasuna. A su vez, la Audiencia de Madrid tendrá que cerrar sin juicio el caso del ácido bórico.
Contra el lehendakari hay dos acusaciones populares: el Foro Ermua y Dignidad y Justicia. En el caso del ácido bórico, una fundación de víctimas del 11-M que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. El caso de las cesiones de crédito del Santander llevaba 15 años rebotando por las estanterías de la Audiencia Nacional pese a que la mayoría de los 21 clientes del banco imputados había regularizado su situación con la Agencia Tributaria. Hace un año, un tribunal de la Audiencia presidido por Javier Gómez Bermúdez sobreseyó la causa.
Según su auto, en el procedimiento abreviado "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular". La acusación popular recurrió el sobreseimiento y es ése el recurso que hoy estudiará el Supremo.
