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Jueces del Constitucional hasta la jubilación

El PP propone eliminar el tope de nueve años en el cargo

Pese a la conmoción que causó la noticia del primer muerto a manos de ETA desde la ruptura oficial de la tregua, y la emoción del minuto de silencio de la cúpula del PP, Mariano Rajoy decidió continuar con el plan previsto y presentar la "limitada" reforma de la Constitución que había anunciado. La iniciativa, que ayer sólo quedó apuntada en la conferencia del PP sobre el modelo de estado, aún debe ser perfilada para llevarla al programa electoral en febrero.

La reforma tiene como principal novedad la modificación del artículo 159 de la Ley Fundamental para que los miembros del Constitucional, que ahora tienen un mandato de nueve años, continúen en el cargo hasta su jubilación. En Estados Unidos, por ejemplo, los miembros del Supremo, el máximo tribunal allí, tienen cargo vitalicio.

Además, Rajoy pretende modificar ese artículo, que marca la obligación de que sean juristas con al menos 15 años de ejercicio profesional, para subirlo hasta 30 años. Todo, según explicó el líder del PP, para garantizar la independencia del máximo órgano de la justicia. El Constitucional se compone de 12 miembros, ocho elegidos a propuesta de Congreso y Senado por mayoría de tres quintos, dos del Gobierno y otros dos del Consejo General del Poder Judicial.

Para este último organismo, cuya renovación ha bloqueado el PP desde hace más de un año, según denuncian los demás grupos del Congreso, Rajoy también tiene prevista una reforma significativa. Pretende regresar a la fórmula que los socialistas cambiaron en los años 80 y que el PP había aceptado hasta ahora, y utilizado sin problemas cuando se renovó la última vez el consejo, hace seis años, con mayoría absoluta del PP.

Esa fórmula consiste en que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros, y el resto sean designados por Congreso y Senado. Ahora los jueces proponen a los candidatos para esos primeros 12, pero son Congreso y Senado, y por tanto los partidos políticos, quienes eligen entre ellos. El PSOE cree que esta fórmula sólo sirve para garantizar mayorías conservadoras -esa ideología es dominante entre los jueces- y para hacer del CGPJ un órgano corporativo, que defienda el interés de los jueces y no de los ciudadanos.

El PP presentó un completo documento en el que se apuntan otras reformas, aunque muchas de ellas sin perfilar, como en el espinoso asunto de la delimitación de competencias entre el Gobierno y las autonomías.

El PP, que gobierna en seis de ellas, no se atreve a hablar de recuperar competencias, algo que podría enfadar a sus presidentes autonómicos, pero su discurso camina hacia ese objetivo. Rajoy explicó que en su reforma "se definirá con precisión la competencia legislativa del Estado para acometer reformas que exigen por naturaleza un tratamiento común en el conjunto del territorio del Estado como es el caso de la propia ordenación territorial, el urbanismo o la inmigración", y para ello quiere modificar el artículo 194.1, aunque no explicó cómo.

El líder del PP lo dejó claro: "¿A quién se le reclama un fraude? ¿Quién es el responsable de un vertido tóxico? ¿Quién debe prestarnos asistencia en las grandes nevadas? Corremos el peligro de que desaparezca de España cualquier atisbo de lo que pueda considerarse una política española. ¿Necesitamos una educación que pueda llamarse española? Sin duda. ¿Y una ley del suelo? Hace tiempo. ¿Y una ley del agua? Urgentemente".

3/5 para todo

El PP está indignado porque en esta legislatura se han aprobado reformas importantes, que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional, sin su apoyo. Por eso propone reformar la Constitución para que sus votos sean imprescindibles.

Quiere aplicar los 3/5 que ya valen para renovar el CGPJ -y que lo mantienen bloqueado- a las reformas de estatutos y a todas las leyes "que regulan los órganos constitucionales del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial".

También reclama que la regulación de la enseñanza en castellano sea "competencia exclusiva de las Cortes Generales", y modificar el artículo 150.2, que ha servido para transferir todo tipo de competencias, "reduciéndolo a supuestos tasados".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de diciembre de 2007

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