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Editorial:

Derecho de la mujer

Denuncias como la de Barcelona hacen más urgente una ley de plazos para abortar

Una querella presentada por el grupo católico integrista e-Cristians ha llevado a la detención del máximo responsable de las clínicas del grupo Ginemedex de Barcelona y cinco de sus colaboradores, acusados de practicar abortos ilegales. Estas clínicas habían sido denunciadas con antelación, lo que había motivado investigaciones del Departamento de Salud de la Generalitat y del Colegio de Médicos de Barcelona. La inspección sanitaria encontró irregularidades administrativas por las que Ginemedex fue sancionada económicamente, mientras que el Colegio de Médicos no encontró que se hubiera vulnerado el código deontológico de la profesión.

La fiscalía y un juez consideran ahora que hay indicios de que se ha vulnerado la ley. Con este caso, el aborto ha vuelto a los tribunales después de que dos televisiones extranjeras mostraran que se podía abortar en estas clínicas en muy avanzado estado de gestación. Ha causado gran escándalo la presentación en términos truculentos de unos hechos cuya veracidad deberán investigar los jueces.

Este caso ha vuelto a poner de manifiesto las carencias de una ley que crea inseguridad. La falta de una normativa que limite su intervención a fijar los plazos en que puede realizarse el aborto deja abierto un flanco a posibles abusos que son aprovechados por los sectores antiabortistas radicales para arremeter contra lo que es un derecho de las mujeres. La ley prevé que sólo se pueda abortar en tres supuestos: violación, graves malformaciones fetales y peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre; contrariamente a lo que muchos creen, la normativa sólo establece límites de tiempo en los dos primeros supuestos. El desfase de la ley respecto de la realidad social se manifiesta en el hecho de que la inmensa mayoría de los abortos se realizan bajo el tercer supuesto de modo que la salud psíquica de la mujer se ha convertido en el gran paraguas del derecho a abortar, condicionado siempre a que un médico lo avale. Tras 22 años en vigor, la ley sigue generando inseguridad: cualquier médico que realice un aborto o mujer que aborte pueden ser llevados ante los tribunales.

Es hora de plantear una reforma legal que evite esa inseguridad; que la norma no deje en manos de terceros la posibilidad de abortar; que la decisión de hacerlo corresponda exclusivamente a la mujer, siempre que el aborto se produzca en unos límites temporales razonables. El PSOE se había comprometido a hacerlo en su programa de 2004. No sólo no lo ha hecho, sino que ahora resulta que no incluirá la revisión de la ley en el próximo programa. Es lógico que un gobernante busque el máximo consenso en un tema tan sensible, pero la experiencia (incluida la de casos como el ahora denunciado) indica que ceder ante sectores que tratan de conseguir con la estrategia de la tensión lo que no pueden lograr en las urnas, no sólo no evita su agitación demagógica, sino que deja abiertas posibilidades de alimentarla con actuaciones extremas o abusivas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de noviembre de 2007