Los partidos movilizan a sus fieles

La Plataforma por el Derecho a Decidir aspira a repetir mañana el éxito que cosechó el 18 de febrero de 2006 con su manifestación contra los recortes que el nuevo Estatuto sufrió durante su tramitación en las Cortes. Entonces, decenas de miles de personas abarrotaron toda la Gran Via de Barcelona desde la plaza de España hasta la de Catalunya.

En esta ocasión, la protesta, convocada bajo el lema Somos una nación y decimos basta. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras, viene precedida por un retahíla de averías en las líneas de Cercanías de Renfe que han provocado la interrupción del servicio durante más de un mes, con la consiguiente irritación de miles de usuarios, y de un acalorado debate político sobre la responsabilidad política de esta precaria situación.

Si en 2006 sólo un partido político -Esquerra Republicana- secundó la concentración, ahora serán tres -Convergència i Unió, Iniciativa Verds-Esquerra Unida y los propios republicanos- los que enviarán a sus primeros espadas. El PSC no acudirá por apreciar motivos electoralistas, y el PP, por los tintes "independentistas" de la convocatoria. Pero la ausencia de ambos y también de los dos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- no preocupa a los organizadores, que prevén una asistencia multitudinaria. De momento, más de 180 entidades y asociaciones se han adherido a la manifestación. Se han fletado, además, unos 150 autobuses.

La manifestación, que partirá a las 17.00 horas de la plaza de Catalunya y concluirá frente a la estación de Francia, estará dividida en tres bloques. El primero estará encabezado por las entidades convocantes bajo la pancarta oficial. Después marcharán el resto de las entidades adheridas con sus respectivos lemas. Y finalmente, los partidos políticos. En este tercer bloque estarán los máximos dirigentes de CiU -Artur Mas, Josep Antoni Duran Lleida y Jordi Pujol- y otros cargos públicos de la federación. Su lema será Basta, somos una nación. Tenemos derecho a decidir.

La pancarta de los republicanos llevará una inscripción parecida -Tenemos derecho a decidir- tras la cual se situarán dos miembros del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós. Por su parte, Iniciativa se manifestará bajo el lema Primero Cercanías, Magdalena dimisión. Sólo el consejero ecosocialista Francesc Baltasar acudirá al acto, pues Joan Saura debe dirigir el dispositivo de seguridad de la policía autonómica. Tanto CiU como ERC han fletado autobuses para movilizar a sus simpatizantes. Los primeros un centenar de vehículos, y los segundos, la mitad.

Los socialistas catalanes moderaron ayer su discurso en contra de la manifestación. Si durante toda la semana sus dirigentes criticaron los fines electoralistas y la inutilidad de la convocatoria, ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, justificó la participación de los usuarios afectados por Cercanías. "Me parece bien que la gente salga a la calle quejándose porque las infraestructuras no van bien", comentó. Incluso admitió que si el Ministerio de Fomento estuviera en manos del PP, seguramente asistiría.

Incidente Nadal-Rull

Precisamente Joaquim Nadal protagonizó ayer un agrio debate con el diputado de CiU Josep Rull en la tribuna del Parlament, debate que continuó después en los pasillos del edificio ante la estupefacta mirada de los periodistas. Rull acusó al consejero de actuar con "mala fe" al negarle información sobre el incidente en el túnel de Ferrocarils de la Generalitat que ha obligado a interrumpir el servicio en la estación de Gornal. Los nacionalistas presentaron 190 preguntas parlamentarias al respecto y sobre el traspaso de Cercanías. Nadal respondió que la información solicitada formaba parte del conjunto de documentos que se estaban analizando entre los gobiernos central y autónomo. CiU ha pedido amparo al presidente del Parlament para que obligue al consejero a responder una por una estas preguntas.

Nadal también acusó a los nacionalistas de "mala fe" por "explotar" sin motivos el incidente del túnel y extender la duda sobre la presunta reponsabilidad del Gobierno catalán en este hecho. "El Gobierno ha controlado al minuto todas las incidencias causadas por las obras del AVE, a pesar de no ser quien las ejecuta", se defendió el consejero.