Los dos jueces recusados por el Gobierno no estarán en el pleno

El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá el lunes para decidir si admite a trámite las recusaciones del Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, por haber firmado una carta en la que expresaban su más "profunda discrepancia" con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). García-Calvo y Rodríguez-Zapata no han sido convocados al Pleno por el presidente, Vicente Conde, lo que implica que la decisión se adoptará por cinco magistrados progresistas y tres conservadores. La presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez se han abstenido y tampoco participan.

Tras el rechazo sin más tramites de las recusaciones planteadas por el PP contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, el Pleno del Tribunal vuelve a tener el quórum mínimo de ocho magistrados, lo que hace innecesario que García-Calvo y Rodríguez-Zapata asistan a sus propias recusaciones. En cambio, Sala, Aragón y Pérez Tremps estuvieron presentes en el pleno que decidió rechazar las suyas, ya que de no haber entrado, el Tribunal no hubiera tenido el quórum mínimo de ocho magistrados para poder adoptar decisiones.

El orden en que fueron tramitadas las recusaciones, primero las del PP y ahora las del Gobierno, fue decidido por el presidente en funciones, a la vista de que las del PP eran muy endebles y fueron formuladas sobre la base de una información de El Mundo que fue desmentida por los seis magistrados aludidos en ella. Aunque el PP se negó a retirarlas, desde que se conoció el desmentido las recusaciones estaban condenadas al rechazo.

La decisión del pleno ha terminado de aislar a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata, que desde el pasado verano vienen actuando por libre, al margen de sus compañeros del bloque conservador. Suya fue la iniciativa de escribir una carta a la presidenta expresando su más "profunda discrepancia" con la reforma de LOTC, que ahora puede costarles ser apartados del pleno que debe juzgarla. La carta fue llevada a un pleno gubernativo el pasado mes de julio, pero sus 10 compañeros les dejaron solos y decidieron "no tomarla en consideración" para "no contaminarse". Así las cosas, el pleno del lunes examinará la recusación del Gobierno por falta de imparcialidad de los dos recusados. Si, como parece previsible, se admitiesen a trámite, la decisión última sobre si ambos son expulsados del pleno de la LOTC puede tardar meses aún.

El rechazo de las recusaciones del PP fue valorado positivamente por los demás partidos. Gaspar Llamazares, de IU, pidió al PP que entone el mea culpa y se felicitó de que haya "fracasado" su intento de convertir el Tribunal en "patio de Monipodio". Joan Saura, conseller de la Generalitat, dijo que la iniciativa del PP se había basado en una "información falsa"; y Felipe Puig, de CDC, pidió que se deje al Constitucional fuera de la "batalla partidista". Ignacio Astarloa, del PP, sostuvo que su partido no ha actuado con la teoría del "vale todo" pero insistió en que las recusaciones fueron "en respuesta" a las del Gobierno.