Las unidades de igualdad nacen sin fondos ni funcionarios específicos

Los departamentos del Gobierno ya saben a qué atenerse respecto de las preceptivas unidades para la igualdad que la ley de 2005 les obligó a crear y que hasta ayer no habían sido reguladas. La ley de Igualdad fijó un plazo de un año a los departamentos para que iniciasen la modificación de su estructura orgánica y cumplir con esa exigencia legal, pero el Ejecutivo no había dictado hasta ahora sus instrucciones. Ayer las plasmó en un decreto que aprobó en su reunión el Consejo de Gobierno. Estas unidades administrativas deberán, entre otras cosas, de elaborar un plan de igualdad en cada departamento y en varios entes públicos.

Osakidetza y EITB, entre otros, deberán crear sus propias unidades

Ahora concede un nuevo plazo, de tres meses, para que los departamentos modifiquen sus relaciones de puestos de trabajo (RPT) y constituyan esas unidades, de modo que éstas deberán estar operativas en febrero, cuando la ley cumpla tres años.

La regulación aprobada obliga también a constituir sus propias unidades de igualdad a los siguientes organismos autónomos y entes públicos: Eustat, IVAP, HABE, Academia de Policía, Osalan, EITB, Osakidetza y Red Ferroviaria Vasca.

Con lo que no contarán esos departamentos ni organismos, salvo situaciones de excepcionalidad, será con recursos económicos ni personal específico para afrontar este nuevo trabajo. El decreto aprobado ayer indica expresamente que los departamentos deberán arreglárselas "con los recursos actualmente disponibles". Podrán ser ampliados si prueban a Función Pública que los recursos humanos actuales son insuficientes.

La normativa obliga a que el personal destinado a esas unidades de nueva creación tenga una capacitación específica. Emakunde será el organismo encargado de realizar los informes preceptivos sobre esa capacitación.

La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, ya advirtió en su reciente comparecencia parlamentaria sobre los presupuestos del año próximo de que éstas serían las condiciones de creación de las unidades, al observar representantes de la oposición que las cuentas de 2008 no incluyen partida alguna para las mismas.

El decreto atribuye a las unidades administrativas diez funciones, la primera de ellas elaborar un plan de igualdad propio en cada departamento, ente u organismo autónomo. Las unidades se encargarán también de diseñar medidas específicas de acción positiva y de integrar la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones emprendidas.

Entre sus misiones estará igualmente asesorar al personal del departamento en la realización de las evaluaciones previas de impacto de género y en la incorporación de medidas que eliminen desigualdades en su área sectorial de competencia. A su cargo tendrán también la realización del diagnóstico sobre las necesidades de formación en materia de igualdad en el personal del departamento y el establecimiento de las prioridades en su impartición.

Cada unidad deberá hacer un seguimiento del desarrollo de las políticas de igualdad en su departamento y en los organismos y entes adscritos a él. De ese seguimiento se extraerán las medidas a adoptar.

También habrán de garantizar, en el área de actuación de su consejería, el acceso a los derechos sociales básicos de mujeres que sufran discriminación múltiple. Por último, se las encarga de prevenir y eliminar situaciones de discriminación en el seno de sus propias organizaciones y de ejercer la interlocución y la coordinación técnicas en materia de igualdad.