El fiscal recurre contra el archivo del 'caso Yak-42'

El fiscal Fernando Burgos recurrirá la decisión tomada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar el caso de las falsas identificaciones de 30 cadáveres de las víctimas del accidente del Yak-42. Fuentes de la fiscalía indicaron que Burgos prepara ya el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que sostendrá que, en contra de lo asegurado por Marlaska, la atribución aleatoria y errónea de nombres a los cadáveres sin identificar no sólo es un hecho grave moralmente sino que tiene relevancia penal.

Las fuentes consultadas indicaron que la falsedad de los certificados de defunción, de no haberse corregido, podría haber producido errores en las posteriores pruebas para determinar la paternidad de uno de los fallecidos o para descartar la presencia de una enfermedad hereditaria, por lo que su trascendencia jurídica es innegable.

El recurso de la fiscalía será el segundo contra la decisión del juez Marlaska, ya que el pasado sábado anunció el suyo la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de las víctimas. Ambos han optado por dirigirse a la Sala de lo Penal, omitiendo el recurso de reforma ante el propio juez, para ganar tiempo en un proceso que ya se demora demasiado y por falta de confianza en que el juez corrigiera su decisión.

Delito de falsedad

La fiscalía acusó de un delito de falsedad al general médico Vicente Navarro y sus dos ayudantes, un comandante y un capitán, mientras que la asociación de familiares acusó también al teniente general José Antonio Beltrán, jefe de la delegación que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, envió a Turquía para repatriar los cadáveres. Tanto Beltrán como los dos ayudantes pidieron su exclusión del proceso, mientras que Navarro se escudó en los argumentos asumidos por Marlaska: que lo importante no era la identidad de cada uno de los cadáveres sino el hecho de que todos habían muerto en accidente aéreo en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Fue el propio juez Marlaska quien, de oficio y no a petición de las familias, prohibió en junio pasado la incineración de los cadáveres de los soldados españoles muertos en atentado en Líbano hasta que el equipo forense desplazado a la zona le explicó cómo se habían realizado las identificaciones.