Estafas en silla de ruedas

¿Quién puede imaginarse que una mujer locuaz, bien vestida y que se mueve en silla de ruedas es una auténtica farsante? Carmen P., madrileña de 47 años, se servía de su minusvalía y sus mentiras -unas veces se presentaba como juez de la plaza de Castilla de Madrid y otras como abogada- para captar a sus víctimas y sacarles sus ahorros.

Lo hacía en la cola de la oficina del Ministerio de Trabajo. Allí acuden los inmigrantes sin papeles para solicitar su regularización. Carmen P. ha logrado estafar supuestamente a unos 150 inmigrantes de países como Bolivia, Perú y Ecuador: personas muy humildes que invierten sus ahorros en poder traer a España a sus familiares o en lograr el permiso de trabajo. Justo lo que les ofrecía Carmen P.

A finales de agosto pasado, estaban en la cola de Trabajo Wiki y su hija, ecuatorianas residentes en Madrid. El anhelo de ambas era conseguir papeles para familiares que están en Ecuador.

-Mamá, esa señora de la silla de ruedas dice que arregla todo tipo de papeles, vamos a preguntarle...

-Sí, puedo llevaros los trámites. Soy juez y hay una forma rápida de hacerlo. Pero éste no es sitio para hablar, dijo Carmen. Y las citó en un domicilio.

-¿Cuántos familiares queréis regularizar?, les preguntó.

-Seis, respondieron.

-Soy abogada y la presidenta de la Asociación de Minusválidos y Marginados de España. Mi método es rápido: hago contratos de trabajo para la asociación. Pero procurad que sean titulados en el ramo de asistencia a disminuidos. Es más fácil así.

-Pero ninguno es titulado, señora.

-Bueno, no pasa nada. Pero tenéis que adelantarme 400 euros por cada uno. El dinero no es para mí. Es para la asociación y para ayudar a otros disminuidos. Kivis V. le adelantó en ese momento 600 euros.

-Traedme los pasaportes de los seis familiares, y la semana que viene os doy los resguardos de la petición de permisos de residencia y los contratos, que lo haré a nombre de la asociación. Os espero aquí, y traedme el resto del dinero.

Kivis V. y su hija volvieron con los papeles y 2.400 euros. Carmen P. les tenía preparados falsos contratos de la asociación con los nombres que les habían facilitado. "Cuando llegue la respuesta del ministerio, os lo comunico; si los desestiman, tranquilas, soy juez y os haré los recursos gratis". Se llevó el dinero y nunca más supieron de ella. Eso le ha pasado a unos 150 inmigrantes que han caído en sus redes.

La policía empezó a investigarla tras las quejas de algunos estafados y al ver que esa asociación de minusválidos -pese a carecer de actividad- llevaba meses intentado dar de alta laboral a sin papeles y que había logrado regularizar a una decena. Se descubrió que era viuda y con un hijo también discapacitado.

En el interrogatorio se defendió con soltura. Lo negó todo. La Brigada de Extranjería no sabía qué hacer con ella. "Por razones humanitarias" (la silla de ruedas) la dejó libre pero con cargos.