Rebelión contra la granja
Los payeses denuncian casos de 'mobbing' y los vecinos critican las molestias
La imagen del payés que puede vivir en una masía, cultivando un poco de todo, con cuatro vacas, un par de cerdos y unas cuantas aves se acabó hace tiempo. Al menos en las comarcas de Girona. Ahora imperan los cultivos extensivos y las grandes explotaciones ganaderas. Muchos payeses se han convertido en granjeros y sus granjas de cerdos han quedado encerradas en pequeños núcleos rurales que han hecho una apuesta por el turismo y las segundas residencias.
O cerdos o turismo. Dos actividades opuestas que intentan convivir sin demasiado éxito, sobre todo cuando los granjeros miran de ampliar unas instalaciones que los nuevos vecinos consideran malolientes y perjudiciales. Es en este escenario en el que los granjeros denuncian situaciones de acoso para que abandonen su actividad.
"Si vas al campo no te puedes quejar de los olores, ni de los coches en la ciudad"
La mayoría de los casos se dan en el Baix Empordà, la zona más cotizada
Trabas administrativas o ambientales, denuncias de vecinos o denegación de permisos, son las herramientas del mobbing rural, un fenómeno que denuncia el sindicato de Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya (JARC). En Girona han detectado una treintena de casos, aunque las denuncias se concentran en el Baix Empordà, la comarca preferida para la construcción de segundas residencias y establecimientos de turismo rural.
Uno de los casos denunciados es el de Ultramort, donde el sindicato agrícola denuncia que el consistorio proyecta una urbanización alejada del núcleo urbano y a sólo 80 metros de una granja. Un propietario rural, Josep Maria Batlle, asegura, además, que la alcaldesa "pone trabas" a los ganaderos que quieren trasladar sus granjas para ampliar actividad. Maria Gràcia Serrats (CiU), la alcaldesa, rechaza las acusaciones e invita a visitar Ultramort para comprender la situación. "La vida del payés ha cambiado mucho. Antes eran pequeñas explotaciones, ahora son otra cosa".
Serrats afirma que la ubicación de las nuevas viviendas se debe a que "es la única zona no inundable del pueblo". Los vecinos están divididos y no falta quienes opinan que el "verdadero mobbing" lo padecen ellos. "Llevamos años viendo cómo amplían las granjas sin control. Eso sí que es acoso", clama indignado un vecino.
Otro caso es el de un ganadero de Gualta, que pide el anonimato, y que ha denunciado al Ayuntamiento para acabar con el acoso que asegura sufrir de tres vecinos. Desde hace años intenta ampliar sus instalaciones para cumplir con la normativa, pero los propietarios de las casas colindantes, construidas con posterioridad, lo han llevado a los tribunales. Desde entonces, el granjero dice vivir a base de tranquilizantes y el Ayuntamiento de Gualta justifica la negativa a dar permisos a una "incidencia paisajística e inadecuación de las nuevas viviendas".
Una de las denuncias más frecuentes al intentar el cierre de una explotación es la contaminación de los acuíferos por exceso de nitratos procedentes de las excreciones porcinas. La alarma es tan grande que hay vecinos que "nada más ver a un payés con la cuba de purines llaman a los Mossos d'Esquadra", asegura Massachs.
Precisamente, los malos olores son otro motivo de mobbing. Es el caso de un granjero de Campdevànol (Ripollès), que tiene una explotación de 300 cerdos y le han dado un plazo de un año para que abandone su actividad. Hace unas semanas las calles se llenaron de carteles en los que se acusaba al granjero de convertir el pueblo en el "valle de las moscas". "Donde más se nota es en el barrio de la estación; allí no pueden ni abrir las ventanas", asegura el propietario de un céntrico bar. "Si te vas al campo no puedes quejarte luego de los olores de purines. Es como estar en la ciudad y protestar por el ruido de los coches", afirma Pere Rubirola, presidente de la JARC en Girona.
Lo deseable sería un modelo similar al de Austria o Suiza, donde los payeses explotan pequeñas granjas y fabrican productos de alta calidad. "El Gobierno los considera cuidadores del territorio y los protege. Aquí para sobrevivir tienes que ir ampliando la granja, con las consecuencias que estamos viendo", reconoce Massachs.
Dinero y entorno
El presidente de JARC en Girona, Pere Rubirola, lamenta que no haya una normativa para indemnizar a los payeses que se ven obligados a dejar la actividad. "Si se quiere cerrar una granja porque ha quedado en medio del pueblo, que le paguen en lugar de hacerle la vida imposible. Como se hace con cualquier industria". También considera que hay poca planificación al plantear las infraestructuras, como el AVE o la línea de muy alta tensión, que a menudo pasan por zonas rurales habitadas y obligan al cese de actividades agrarias.
Una opinión similar tiene el arquitecto Lluís Auquer, especialista en rehabilitación de masías. Para él existe una contradicción en las administraciones locales y ayuntamientos, "que tienen muy claro el suelo que urbanizar pero no el suelo rural que quieren proteger".
El sindicato agrario se muestra preocupado por la entrada, en 2013, de una normativa que obliga a ampliar las instalaciones para que las cabezas de ganado puedan caminar y tener más espacio. "Si no se ponen soluciones, será una sentencia de muerte", advierten.
Y es que pueblos que permanecen desiertos de lunes a viernes, acogen el fin de semana a vecinos de la ciudad y a turistas en busca de tranquilidad. Es un sector importante para la economía y sensible al entorno, aunque no siempre se integra en las costumbres locales. Como el dueño de un hotel rural de Sant Mori (Alt Empordà) que llevó a juicio al Ayuntamiento para que las campanas de la iglesia no sonasen de noche y evitar molestias a sus clientes. Hay presión para que "todo sea bonito" y, en cierto modo, artificial, se lamenta un jardinero de La Bisbal.
