Las familias del Yak-42 piden que Defensa intervenga en el proceso

Los jueces dictan autos, providencias, sentencias. Y se dirigen a querellantes, reos, imputados. Por eso escriben palabras como "inane, inocuo, intrascendente" cuando se refieren al error en la identificación de 30 cadáveres. Pero esas palabras las leen los padres, hermanos y viudas de los difuntos y entonces se vuelven dañinas, inicuas, demoledoras.

Familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de Afganistán, se reunieron ayer en Madrid para mostrar su "estupor, incomprensión e indignación" por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, de archivar el caso por la fraudulenta identificación de sus parientes.

En un auto dictado el pasado jueves, el juez calificó de "grave" la conducta de las delegación comisionada por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, para repatriar los cuerpos, e incluso reconoció el "daño moral" sufrido por las familias de las víctimas, pero estimó que lo relevante era consignar el lugar, la fecha y el motivo de las muertes, mientras que la filiación de los cuerpos resultaba "inane, inocuo e intrascendente" desde el punto de vista penal.

Carta personal

El engaño a las familias no se limitó a las actas de defunción o las necropsias, analizadas por el auto del juez Marlaska. Francisco Cardona leyó ayer la carta personal que le dirigió el general de Sanidad Vicente Navarro, responsable del equipo médico enviado a Turquía, en la que le informaba de que el cuerpo de su hijo había sido uno de los primeros y más fácilmente identificados. Pero el cadáver del hijo de Cardona, totalmente desfigurado por el accidente, nunca se llegó a identificar. Se entregó con nombre falso a otra familia que decidió incinerarlo pensando que era su hijo, por lo que sus padres ni siquiera han tenido el consuelo de darle sepultura.

Los familiares de las víctimas del Yak pasaron ayer delante de las cámaras y se situaron a la espalda de sus abogados, frente a los periodistas. Con su presencia, dieron sentido al anuncio de que recurrirán ante la Sala de lo Penal la decisión de Marlaska de archivar el caso.

Y también, al emplazamiento que han dirigido al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para que se persone como acusación en la Audiencia Nacional "para defender la memoria de los militares españoles".

"No murieron por ser nuestros parientes", explicó Pacho González, reelegido ayer como presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, "sino por ser militares y el trato que se les dio antes y después de su muerte, falto de la más mínima dignidad y del respeto que todo ser humano merece, no es sólo una afrenta para nosotros sino para todas las Fuerzas Armadas y la sociedad española, a las que representaban. Por eso, el Ministerio de Defensa no se puede desentender".