La 'vendetta' del Estado

Un día en la prisión, un capo me preguntó por qué estaba allí. Le contesté que me acusaban de pertenecer a una asociación mafiosa. Me miró de arriba abajo y dijo: 'Usted no es un mafioso, usted es un gilipollas'. En dos minutos, este señor comprobó lo que la justicia tardó años en demostrar", cuenta Roberto Giannoni tras su dramática experiencia.

Casi peor aún: a Giannoni se le aplicó un nuevo artículo de la ley penitenciaria, el 41-bis, por el que se encarcela en condiciones de extremada dureza a los sospechosos de pertenecer a la Mafia. Se adoptó tras el asesinato en 1992 del juez Giovanni Falcone, su mujer y su escolta. Objetivo de la norma: que el detenido confiese. "Es la vendetta del Estado contra la Mafia", sostiene el director del departamento de la Administración penitenciaria, Sebastiano Ardita, que introdujo el artículo.

El artículo 41-bis nació como respuesta al asesinato de Falcone, pero tiene un carácter exclusivamente punitivo

El 41-bis sólo permite al recluso estar dos horas diarias en el patio, prohíbe recibir objetos del exterior, acariciar a los hijos y tener más de un libro a la vez. Los contactos humanos están limitados a cinco personas y sólo se pueden recibir dos visitas de una hora al mes a través de un cristal antibalas. En realidad, la única actividad que se puede realizar es la de pensar y la de confesar.

Para colmo, puede llevar a inocentes a la cárcel. Como a Giannoni, encarcelado preventivamente en 1992. Fue una doble víctima del sistema. Director de un banco de Livorno, dos mafiosos arrepentidos confesaron su nombre. La imputación proporcionó grandes beneficios a sus autores y el infierno para el banquero.

En espera de juicio, Giannoni compartió sus nueve metros cuadrados de celda con varios mafiosos. En tan sólo 12 meses perdió 24 kilos y a sus padres: ambos murieron de infarto. "Me pedían que confesara; si no, me decían, pasaría toda mi vida en aquella celda. Pero yo no tenía nada que confesar". Para muchos, el 41-bis anula a la persona, es una forma de tortura moderna.

Esta norma ha vuelto al primer plano tras la decisión del juez D. D. Sitgraves, de Los Ángeles, de negarse a extraditar a un miembro de la familia palermitana Gambino, por considerar las medidas carcelarias italianas como "peligrosas para la vida" y contrarias a los principios fundamentales de la ONU. Y, también, con la detención en Sicilia, hace dos semanas, del jefe mafioso Salvatore Lo Piccolo, junto a varios de sus colaboradores.

Las medidas penitenciarias extraordinarias, que se aprobaron en 1992 tras los grandes atentados con los que la Cosa Nostra amenazaba a las instituciones, adquirieron carta de naturaleza en 2002, si bien con algunas modificaciones que facilitaban su impugnación (la UE se pronunció en ese sentido en varias ocasiones). Sin embargo, algunos aspectos del 41-bis conservaron su "carácter exclusivamente punitivo", según Giuliano Pisapia, ex diputado y autor de los decretos aprobados en 2002 para suavizarlo. Una norma por la que se rigen hoy 13 centros de detención especial que albergan 536 mafiosos, entre ellos, cinco mujeres.

"El 41-bis se aplica de forma preventiva a los sospechosos de asociación mafiosa", explica Mauricio Turco, diputado del Partido Radical y autor del libro Tortura democrática. "Tiene como objetivo hacer confesar al prisionero. Esto es algo contrario a todos los tratados internacionales y a los propios principios del Estado de derecho. En la Constitución italiana (y también en la Convención Europea), el objetivo es que los presos se rehabiliten, pero lo que busca el 41-bis es el arrepentimiento a través de medidas vejatorias denunciadas ya por organizaciones de derechos humanos".

La confesión es su objetivo principal, ya que no sólo significa obtener información, sino también "una garantía de ruptura de todos los lazos con la organización criminal", dice Luca Cianferoni, abogado del ex capo de los Corleoneses Salvatore Totò Riina. Tras confesar, los mafiosos se convierten en "colaboradores de la justicia" y gozan de protección del Estado.

En varias ocasiones, la Corte Europea de Derechos Humanos ha considerado esta forma de prevención una violación de los derechos fundamentales, en particular el que afecta al artículo 6, que prevé el derecho a un juicio imparcial, y el 8, que prevé el derecho al respeto de la vida privada y la familia.

A pesar de las críticas, funcionarios antimafia lo consideran un instrumento fundamental, ya que, según ellos, "el 41-bis ha impedido estos años que los mafiosos estén en contacto, como pasaba en los años ochenta cuando, desde la cárcel de Palermo, se seguían impartiendo órdenes. Hoy no estaríamos celebrando el desmantelamiento de la cúpula de Cosa Nostra (tras el arresto de Salvatore Lo Piccolo) si no fuera por el 41-bis", añaden.

Recientemente, Giulio Petrilli, de Refundación Comunista, denunció las condiciones de las cinco mujeres encarceladas en Roma y L'Aquila. "El aislamiento en el que viven les está provocando daños irreparables; en particular, las dos presas de L'Aquila no ven a nadie, no reciben visitas, no comen y han padecido isquemias cerebrales", dice Petrilli. "Muchos dirán que son culpables de hechos muy graves, pero ¿puede el Estado justificar el recurso a prácticas de sufrimiento, como el aislamiento total durante años?", se pregunta.

"Es fundamental crear las condiciones para que los criminales interrumpan todo tipo de contacto con sus organizaciones", dice Giuliano Pisapia, "pero en el 41-bis hay una serie de medidas que son exclusivamente punitivas, como, por ejemplo, prohibir el contacto con los hijos en las visitas, lo que puede provocar el efecto contrario: que los hijos, en vez de odiar a la Mafia, terminen odiando al Estado".

"La Mafia es un mal que hay que combatir, y la pena para los mafiosos tiene que ser dura", dijo Pisapia, "pero cuando el 41-bis se convierte en una forma de prevaricación y limitación de la dignidad de la persona, su efecto es lo contrario". -