Vecinos y víctimas del amianto
48 residentes en Cerdanyola demandan a la empresa que fabricaba uralita
Marina Ribé, de 70 años, es una mujer muy presumida. "Era todo nervio", asegura. Hoy levantar el vaso de agua que tiene encima de la mesa es como encaramarse a la cima más alta. Casi nunca abandona la silla de ruedas, los 10 pasos que la separan del baño la dejan exhausta. La máquina de oxígeno la acompaña allá donde vaya, sus pulmones se han endurecido y tiene una capacidad respiratoria que apenas supera el 30%. Padece una fibrosis pulmonar, debida a la inhalación de amianto.
Hoy se sabe que la exposición permitida hace años es cancerígena
Sus pulmones se han endurecido y tiene una capacidad respiratoria del 30%
De 600 casos diagnosticados, una tercera parte nunca trabajó en la firma
Fibrosis pulmonar, cáncer de pleura y pulmón son patologías asociadas
Marina vivió 41 años frente a la fábrica Uralita. Sus geranios se cubrían, a menudo, de un polvo fino y blanco, el mismo con el que jugaban sus hijos, lo cogían a puñados y lo lanzaban como si fuera nieve. Ni Marina ni su marido, que trabajaba como practicante en el dispensario de la fábrica, imaginaban que aquella polvareda se podía meter en el organismo con sólo respirar.
El amianto ha hecho estragos en Cerdanyola. A los trabajadores de Uralita, que habían sido expuestos al amianto y afectados al inhalarlo, se les reconoció hace años la enfermedad laboral. Algunos, muy pocos, tras años de litigios, consiguieron indemnizaciones. Hay otras víctimas tardías del amianto, como Marina, que nunca se ganaron la vida en la fábrica. Nadie es responsable de su enfermedad. Ahora, 48 de ellas, van a poner una demanda por daños y perjuicios contra Uralita.
El amianto, un silicato sobreutilizado en la década de 1960 como material de construcción y hoy proscrito por sus efectos cancerígenos, ya no se usa. La fábrica Uralita fue el medio de vida de buena parte de la población de Ripollet y Cerdanyola, desde 1907 hasta 1997, cuando fue desmantelada. El amianto rebosaba virtudes: incombustible, aislante del calor y sonido, resistente a la corrosión química, y se usaba para recubrir edificios, en tuberías y levantar tejados. La gallina de los huevos de oro tenía un defecto: el polvo que desprende cuando se manipula.
Las fibras del amianto pueden quedarse en las vías respiratorias y ser eliminadas con la mucosa, pero las más pequeñas pueden llegar hasta la pleura. No es una cuestión ni de cantidad ni de tiempo de exposición. Muchos de los que trabajaron o vivieron cerca de la empresa Uralita hace 30 y 40 años empiezan a notar ahora las secuelas de haber respirado polvo de amianto: fibrosis pulmonar, cáncer de pleura, de pulmón y peritoneal son patologías relacionadas con el amianto.
"Hasta el momento, se ha reconocido a las víctimas que trabajaron en las empresas que fabricaban amianto, pero nunca a las que no han tenido ninguna relación laboral con la empresa y padecen la enfermedad", explica el despacho de abogados Roca i Junyent. Los letrados van a pedir daños y perjuicios, tanto físicos como morales. En otros países europeos son los gobiernos los que indemnizan a las víctimas del amianto. En España no hay un fondo público destinado a compensar a los afectados que no han sido trabajadores.
El Grupo Uralita hoy es una multinacional española con una cifra de negocios que el año pasado ascendió a 1.005,2 millones de euros y con fábricas en España y Europa dedicadas a materiales de construcción, como aislantes, yesos, tejas y tuberías.
"Tienen todo el derecho a presentar una demanda, aunque no tengo conocimiento de ningún caso similar en Europa", explica Eustasio Pérez, director de calidad de fibrocemento de Uralita. "Nunca hemos negado que haya personas enfermas por haber inhalado amianto. Aun así, la empresa siempre ha cumplido con todo lo que la ley obligaba a hacer" continúa Pérez. "En 1961 la reglamentación era de no sobrepasar las 175 partículas por centímetro cúbico; hoy se sabe que con esta exposición se puede tener la enfermedad, pero entonces no se sabía y en todo caso corresponde a la Administración establecer la normativa", precisa el director de calidad.
Josep Tarrés lleva 30 años atendiendo enfermos de amianto desde su consulta en un centro de atención primaria de Cerdanyola. Desde hace cuatro, realiza un estudio entre la población de Cerdanyola y Ripollet, que es de unos 96.000 habitantes. Tiene 600 casos diagnosticados, una tercera parte de ellos nunca trabajaron en la fábrica.El primer atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, del Ministerio de Sanidad, le da la razón. El estudio señala los casos de contaminación industrial. En el capítulo del cáncer de pleura, constata que "la provincia de Barcelona muestra un llamativo patrón de exceso de mortalidad con municipios con el mayor riesgo, destacando los situados en la comarca del Vallès, siendo Cerdanyola el municipio que presenta el riesgo relativo más alto de España". En el Taulí, que atiende una población de 391.546 habitantes, se diagnosticaron entre 1994 y 2004, 40 casos de cáncer de pleura. No tiene cura. El tiempo entre el diagnóstico y la muerte suele ser de un año.
Marina supo que estaba enferma al segundo día de intentar subir la cuesta de una calle de Cerdanyola y quedarse sin aliento. "Es como si me lo hubieran quitado todo de golpe. No me da ningún miedo morir, pero sí sufrir", lamenta.
"Frente a la Uralita había ocho casas, en cada una hay un enfermo", relata Marina. La tos le sobreviene al mínimo esfuerzo. A Maria Mercè Duran, de 57 años, las fibras de amianto le han llegado hasta la pleura. Cada vez tiene menos capacidad respiratoria. Nació en una de las ocho casas, su padre trabajaba en Uralita. "Cuando me diagnosticaron la enfermedad dije que iría a donde fuera, a Alemania, a Estados Unidos, a buscar una cura, pero tal cura no existe".
Con la demanda, Maria Mercè quiere "un poco de justicia. Mi hermano murió a los 19 años de cáncer; mi padre, de un endema pulmonar, y mi hermana también está afectada por el amianto". Espera "una compensación económica, porque no es lo mismo cobrar una pensión de 300 o 400 euros y ponerte enfermo, que tener dinero para poder ir a una residencia donde te puedan cuidar o poder contratar a alguien".
Su esposo, Leontí Trabalón, de 58 años, es el presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola y Ripollet, que se creó en enero de 2004. Una de las primeras preguntas que le asaltan a uno es por qué se ha tardado tanto en reclamar ante los tribunales. El tercer lunes de cada mes la asociación recibe a los afectados por el amianto en el Ateneu de Cerdanyola. "Hay un sentimiento de impotencia, es un colectivo que ha sufrido mucho", comenta el presidente. "Las administraciones reconocen nuestro trabajo, pero el apoyo es casi inexistente", se queja.
La batalla legal
En 1977 aparece el primer informe de la Inspección Provincial del Trabajo sobre la empresa Uralita SA. El informe se limita a resaltar los puestos donde se trabaja con el tipo de amianto al que se atribuye una mayor actividad cancerígena. Se sobrepasan las dos partículas por centímetro cúbico, pero es el año 1977 y se está dentro de los parámetros legales. En el momento en el que la Inspección del Trabajo realiza el estudio, en Uralita hay 872 trabajadores y a 220 se les diagnostica una patología respiratoria relacionada con el amianto. Desde 1974 las patologías relacionadas con el amianto se consideran enfermedades profesionales.
En 1983 la legislación europea prohíbe el amianto azul. En España, el amianto azul se prohíbe en 1983; la prohibición para el marrón llega en 1993 y el blanco se proscribe en diciembre de 2001.
En mayo de este año, el Tribunal Supremo condenó a Uralita a indemnizar con 45.800 euros a la viuda de un trabajador que murió por asbestosis en 1998, es la primera sentencia, según el bufete Colectivo Ronda, que llevó este caso y que desde la década de 1970 batalla por los enfermos de amianto, en la que se indemniza por daños y perjuicios a una viuda de un trabajador de la empresa Uralita.
El pasado jueves el Colectivo Ronda anunció la creación de una Asociación Plataforma Estatal de Defensa Jurídica de Afectados por el Amianto con el objetivo de trabajar en la defensa jurídica de los enfermos por el amianto de toda España.
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