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El Constitucional suspende la polémica ley de Aguirre

La norma limita las funciones de los agentes forestales

La polémica ley regional que impedía a los agentes forestales entrar en las fincas privadas salvo causa mayor, o sea, incendios, queda sin efecto cautelarmente. El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente la vigencia y aplicación de esta norma, atendiendo al recurso que presentó el Gobierno central el pasado 29 de octubre.

La decisión definitiva será en un plazo máximo de cinco meses

Ahora, la Comunidad tiene 15 días para presentar alegaciones y el Constitucional tomará una determinación definitiva en un máximo de cinco meses. Una cuenta atrás que acaba con una sucesión de desencuentros -incluida la entrega en Bruselas de una carta por parte de los forestales a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea- entre sindicatos, Gobierno regional, partidos políticos y el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, promotora de la impugnación.

"Es un mero acto de trámite. No se entra en el fondo del asunto, sólo en la forma", minimiza el asunto Salvador Vitoria, responsable de los servicios jurídicos del Gobierno regional. UGT, a través de Miguel Ángel Hontoria, califica la decisión de "triunfo relativo", aunque han recogido con "mucha satisfacción" la noticia porque "la ley fue un tremendo error". Hontoria niega que sea "sólo un trámite". Además, dice que hay otras "leyes básicas, como la de montes, que tienen rango superior a ésta y la contradicen".

Aún más entusiasmo mostró en su reacción Comisiones Obreras: "Esto devuelve la ilusión al cuerpo de agentes forestales, que podrán volver a trabajar en interés de todos los ciudadanos y muestra que el Gobierno regional está actuando para el interés particular en vez de para el beneficio de todos los madrileños y españoles". Izquierda Unida, a través de su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, fue un poco más allá: "Es un varapalo a la prepotencia de Esperanza Aguirre sin precedentes". Tampoco Maru Menéndez, la portavoz socialista, desaprovechó la ocasión para pedir a Esperanza Aguirre "que retire definitivamente la norma".

El artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid de Medidas Urgentes de Modernización de Gobierno y la Administración se creó, en explicación oficial del Ejecutivo regional, para defender "la integridad física de los agentes" y para crear "mayor seguridad jurídica en los propietarios de las fincas".

Una exposición muy poco compartida por el cuerpo forestal, que ha mostrado su rechazo con varias manifestaciones y que siempre ha valorado la ley como un obstáculo a su trabajo y un intento de "mantener a los grandes propietarios en la impunidad".

El Gobierno regional asegura que está "satisfecho" con la resolución del Tribunal Constitucional, pues ésta le permite "presentar nuestros razonamientos, que esperamos que sean atendidos". Salvador Vitoria afirma que ya sabían que esta resolución iba a llegar "en cualquier momento" y argumenta que, salvo defecto formal, cualquier recurso gubernamental paraliza cautelarmente la norma impugnada. Es decir, que hasta el momento todo "es una mera formalidad" que no les "causa sorpresa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de noviembre de 2007