Guerra por el control del regadío

La guerra del agua no ha hecho más que empezar. El traspaso del Guadalquivir a Andalucía ha desatado una enconada pugna entre las organizaciones de regantes por hacerse con el control de un sector que acapara el 80% de los usos del agua en la cuenca del Guadalquivir y que mueve más de 4.500 millones de euros al año. A la federación de regantes ya existente desde 1995, Feragua, que gestiona más de 290.000 hectáreas, se ha unido ahora la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda), que controla de momento 71.000 hectáreas y que se autodefine como mayoritaria en Jaén, Almería y Málaga.

Las dos se han acusado mutuamente de politización. Areda, amparada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), culpa a Feragua de actuar desde el "inmovilismo y con privilegios". Feragua, por su parte, dice que la nueva asociación responde a "otros intereses ajenos al regadío" y culpa a la Junta de romper su neutralidad en este tema por el apoyo explícito dado a la nueva asociación. Y es que, con la transferencia del Guadalquivir a la comunidad autónoma, será la Junta la competente para otorgar las concesiones de recursos hídricos dentro de su territorio, algo que ahora viene haciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En la última década, la superficie de regadío se ha incrementado un 60% en la cuenca del Guadalquivir, que concentra 765.000 de las más de 900.000 hectáreas de regadío de la comunidad, un aumento que contrasta con las cada vez mayores restricciones de riego por el déficit hídrico existente. El regadío ocupa el 22% de la superficie agraria útil andaluza, el 60% de la producción final agraria (4.570 millones de euros el pasado ejercicio), un 50% del empleo agrario andaluz y el 15% del empleo total regional, según un informe elaborado por Asaja-Sevilla.

En este contexto se ha creado la asociación Areda, que agrupa a 184 comunidades de regantes, con más de 18.000 agricultores y un volumen de facturación superior a los 215 millones de euros.Areda nace con una visión regional con la finalidad de potenciar un uso más eficaz y sostenible del agua y la reordenación de los regadíos teniendo en cuenta criterios económicos, sociales y medioambientales.

La irrupción de Areda no tardó en hacer mella en Feragua, la asociación mayoritaria en Andalucía. Su secretario general, Pedro Parias, ha expresado su temor de que Areda "sea el caballo de Troya de otros intereses ajenos al regadío para desunir al regadío y silenciar sus reivindicaciones". Feragua anuncia que vigilará a la Administración hidráulica para que otorgue participación en los órganos de gobierno de las cuencas a las comunidades y asociaciones y comunidades más representativas y con derechos concesionales y advierte de que recurrirá toda asignación que no esté justificada técnicamente. Así lo ha hecho ya en el puesto reservado para organizaciones de regantes en la cuenca del Guadalete, por considerar que se ha asignado a una asociación de reciente creación por "motivos políticos".

Revisión

Areda aboga por revisar el actual sistema de planificación en las distintas cuencas hidrográficas así como los órganos de dirección y defiende que Andalucía funcione como una unidad a nivel hidrológico acabando con los actuales "reinos de taifas" e "intereses de unos pocos". "No se entiende que otras instancias que han perpetuado e impuesto históricamente una voz y pensamiento único coincidente con grandes intereses privados se molesten porque nuevas voces contribuyan al debate", indica Marcelo Morales.

También las organizaciones agrarias Asaja y COAG han denunciado sentirse discriminadas por la Administración en la política de aguas. El detonante fueron las jornadas celebradas ayer en Villacarrillo (Jaén), organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, y con presencia mayoritaria de regantes integrados en Areda para abordar la regularización de 30.000 nuevas hectáreas de olivar de regadío en el acuífero de la comarca de La Loma. La medida, que permitirá a los olivareros disponer de una dotación de 1.000 metros cúbicos por hectárea, acabará con la vieja reivindicación de los regantes de esta zona, muchos de los cuales tienen pendientes aún sanciones por la apertura de pozos subterráneos ilegales para poder regar. Asaja dice que rompe relaciones con la Confederación del Guadalquivir, y dice que acudirá a los tribunales si observa "favoritismo" en las concesiones. "Nuestra sorpresa es que un acto institucional se ha suplido con un acto de la UPA", denuncia el secretario general de COAG en Jaén, Rafael Civantos.