Quedan en libertad otros cuatro imputados por el 'caso Guateque'

El hermetismo por el caso Guateque en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid es prácticamente total. "Secreto de sumario" es la frase favorita de los abogados que esperan en los pasillos con sus clientes imputados por la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

Ayer llegó el turno de pasar por el juzgado para otros cuatro imputados. Todos quedaron libres tras declarar ante el juez, Santiago Torres, durante toda la mañana. De esos cuatro, dos tendrán que pagar una fianza provisional de 3.000 euros. Se trata de José Antonio Jodar García, técnico de la Gerencia de Urbanismo, y de Luis Olave Martín, trabajador por cuenta ajena y dueño de tres empresas. Ambos tendrán que presentarse en los juzgados los días 10 y 24 de cada mes.

El juez impuso fianza para dos de las personas que declararon ayer

Olave es administrador único de hasta tres empresas en Madrid. Dos de ellas, Plinto S. A. y Plinto Decoración S. L., se dedican a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. La tercera empresa, llamada Olasa S. A., alquila bienes inmuebles. Plinto entró en suspensión de pagos en el año 2000, después de haber recibido hasta 15 reclamaciones de parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

De entre todos los imputados que declararon ayer, Olave fue el único que dijo alguna cosa, aunque fuera mínima, mientras esperaba por los pasillos de los juzgados de instrucción. "Estoy convencido de que aquí hay intereses políticos", señaló al salir del interior de la sala donde le interrogó el juez Torres. "No conozco a ningún otro imputado", afirmó después de su declaración. Su abogado aseguró que todo había ido "perfecto" con el juez. Minutos después supo que su defendido tendrá que abonar una fianza.

Las otras dos personas puestas en libertad fueron Beatriz Martínez y Óscar Acero, que abandonaron los juzgados de la Plaza de Castilla sin que el juez acordara medidas cautelares contra ellos. Martínez, ingeniero industrial, trabaja para la empresa AC 93, dedicada a las "licencias, proyectos y ejecución de obras", según puede leerse en su web. Presuntamente es una compañía intermediaria en la trama de pagos ilegales para la concesión de licencias de bares y locales comerciales. AC 93 es la misma empresa para la que también trabaja Santiago Castillo, encarcelado anteayer dentro de la investigación por el caso Guateque. En cuanto a Acero, se trata del jefe de la unidad de licencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Con la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de José Antonio Jodar y Luis Olave ya son cuatro las personas que han quedado libres con la condición de tener que depositar el dinero. Los otros son Sara López, del Departamento de Urbanismo, y Mario Mínguez, funcionario de la sección de Disciplina Urbanística de Centro. Este último declaró ante el juez de guardia el sábado. En la madrugada del domingo, el acusado salió del juzgado por una puerta distinta a la habitual para evitar a la prensa.

Por el momento el juez ha enviado a prisión a seis personas. Tres de ellas trabajan en la concejalía de Medio Ambiente, el presunto núcleo de la corrupción municipal. Victoriano Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, fue acusado de cohecho hace 15 años, aunque el juez le absolvió por falta de pruebas. El alcalde de la época, José María Álvarez del Manzano, le restituyó en su puesto.