Moyua ignora por qué entidades públicas eluden evaluar la igualdad
La directora de Emakunde atribuye el hecho a que el informe lo hace la UPV
"No sé por qué no responden", reconoció ayer en el Parlamento la directora de Emakunde, Izaskun Moyua, al ser interpelada sobre las razones por las que dos departamentos del Gobierno (Medio Ambiente y Agricultura), casi todas las sociedades y entes públicos y 200 de los 251 ayuntamientos de la comunidad autónoma han evitado remitirle sus datos sobre la aplicación que han realizado del cuarto Plan de Igualdad. Dicho plan, la principal actividad que realiza Emakunde en aplicación de la ley de Igualdad, entró en vigor el año pasado.
Las actuaciones en materia de igualdad incidieron en 2006 en siete de los 32 programas del plan
Moyua sólo halló argumentos para el caso de los ayuntamientos y aludió al pequeño tamaño de la mayoría de ellos. "Muchos no tienen dimensión ni recursos para abordar estas políticas", justificó.
Respecto al resto, la directora de Emakunde no ofreció ninguna explicación en sede parlamentaria. Este periódico preguntó ayer a varios de los organismos concernidos por qué no han enviado a Emakunde sus evaluaciones, que son preceptivas, pero ninguno facilitó sus motivos.
Moyua pareció más bien echar balones fuera y achacar lo ocurrido a los autores materiales del informe, que realiza la Universidad del País Vasco (UPV): "Se trata de una evaluación externa. La hace la UPV y yo no soy quién para decir por qué no contestan. No sé por qué no responden", recalcó. Los municipios que cuentan con su propio plan de igualdad eran 41 en 2006, dos más que el ejercicio anterior, además de una mancomunidad de cuatro consistorios.
En el caso de los dos departamentos del Gobierno -Medio Ambiente en manos de EA y Agricultura y Pesca, del PNV-, Moyua incluso los defendió al señalar que su posición no obedece a que no hayan desarrollado acciones encuadradas en el marco plan, porque, según aseguró, sí lo han hecho, aunque no las concretó.
El informe recibió una acogida desigual en los grupos de la oposición. La socialista Esozi Leturiondo felicitó a la directora del Instituto Vasco de la Mujer por el documento, que consideró "muy concreto y completo", mientras que la parlamentaria del PP Laura Garrido lo tachó de "excesivamente enumerativo y falto de conclusiones". "Está cojo y es confuso, como ya dijimos hace un año que era el propio plan", añadió.
Garrido no aceptó como explicación de las carencias de la evaluación la autoría "externa" a cargo de la UPV en la que se había escudado la directora de Emakunde. "El informe lo encargan ustedes y supongo que marcarán unas pautas y unas directrices sobre lo que quieren estudiar", dijo.
Respecto a la falta de conclusiones y el carácter "enumerativo" del trabajo, Moyua replicó que las conclusiones "cualitativas" no se harán hasta que el plan, de carácter cuatrienal, haya realizado todo su recorrido temporal, es decir en 2010.
Del informe remitido a la Cámara se deduce que una gran parte de las áreas de actuación y objetivos fijados en han quedado sin ni siquiera esbozar en este primer año de trabajo realizado.
El plan fijó 32 programas y las actuaciones que el informe de evaluación contabiliza sólo han incidido en siete de ellos. A los otros 25 ninguna administración pública le ha dedicado ni una sola de sus acciones. EHAK se interesó por las medidas que Emakunde adoptará respecto a estos programas y para forzar el sometimiento de todas las instituciones a la evaluación anual del plan de igualdad.
Sacar la conciliación del ámbito privado
El avance en la conciliación de la vida laboral y familiar pasa por "romper el carácter privado de esta batalla cotidiana, hacerla pública", resaltó Moyúa al presentar las conclusiones extraídas de una experiencia impulsada por Emakunde a través de doce grupos de discusión de perfiles diversos, entre ellos uno de hombres que se han acogido a medidas de conciliación. El resto han estado compuestos por mujeres en diferentes situaciones laborales y familiares.
Según la investigación, las mujeres continúan siendo las gestoras de la conciliación y, a la vez, el recurso principal que se moviliza para hacer compatible el trabajo y la familia. Es decir, son ellas las que prevén las necesidades y las que organizan el modo de solventarlas, muchas veces con variaciones en su propia dedicación laboral o con el socorrido recurso a las abuelas, o, en todo caso, a otras mujeres.
La directora de Emakunde explicó en la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento que, en la consideración social, la conciliación sigue siendo un asunto privado y fundamentalmente de mujeres. Por eso son éstas las usuarias casi exclusivas de las medidas institucionales de conciliación, a excepción, ahora, de la baja por nacimiento de hijos que usan generalizadamente los hombres. Cuando se trata de reducir una jornada o de toma una excedencia, son las mujeres las que las piden.
Las participantes en los doce grupos de discusión concluyeron que las medidas institucionales existentes no afrontan de modo estructural la conciliación: son insuficientes desde el punto de vista económico y penalizan la trayectoria profesional y la situación laboral de las mujeres. El sistema exige que las mujeres trabajen -hacen falta dos sueldos-, pero no arbitra medidas paralelas para sustituirlas en el ámbito de lo privado, vinieron a quejarse las mujeres. Los grupos concluyeron que las políticas existentes sirven sólo como "primeros pasos", pero pidieron un nuevo modelo. La reconsideración de los horarios y los tiempos de trabajo, así como actuaciones empresariales de flexibilidad sobre la presencia física en el puesto de trabajo parecen medidas imprescindibles para un abordaje completo de la cuestión.
Por ello, "las instituciones tendrían que hacer efectivas" las medidas establecidas para que los responsables de las organizaciones empresariales "asuman como una variable propia las cuestiones relacionadas con la conciliación", indican.
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