El fuego se paga con la cárcel

El 9 de noviembre de 2002 A.C.R. prendió fuego a una pila de restos de poda de su finca en Jete (Granada). Sabía que no estaba permitida la quema agrícola en aquella zona. De hecho, había solicitado permiso y se le había denegado. El viento extendió las llamas y desató un incendio que afectó a 2.732 hectáreas, más de la mitad de terreno forestal. En abril de este año el juzgado de lo penal número 1 de Motril lo condenó "como autor responsable de un incendio forestal de considerable extensión, cometido por imprudencia grave", a la pena de un año y 11 meses de prisión. También a indemnizar con 218.019 euros a la Consejería de Medio Ambiente y a pagar 157.743 euros a otro particular por daños en su finca.

Hasta hace muy poco, un fallo judicial así era una raya en el agua. Ni existía sensibilidad social sobre la gravedad de los fuegos ni se perseguía y castigaba con contundencia. La Consejería de Medio Ambiente ha conseguido 31 sentencias condenatorias firmes desde que en 2000 comenzó a personarse, a través de le empresa pública Egmasa, en los procedimientos judiciales. En todos los casos han sido impuestas penas de prisión (salvo cuando la responsabilidad ha recaído exclusivamente en empresas), además de las indemnizaciones y el pago obligatorio de los gastos de extinción. Algunas condenas han alcanzado los ochos años de cárcel.

"El delito ambiental está siendo claramente perseguido por los jueces, lo cualitativo de este balance es que es el cambio en la tradicional tolerancia de estos siniestros a considerarlos delitos", señala el director del Infoca, José Guirado, a quien el caso de Motril le parece especialmente ilustrativo. "Ha tardado varios años en resolverse pero, al final, un incendio como este, de considerable extensión, tiene consecuencia para su autor".

En estos últimos siete años Medio Ambiente se ha personado en 134 procedimientos penales. De las 31 condenas (una media de cinco por año), la provincia de Málaga es la que más tiene (12), seguida de Huelva (6), Jaén (4), Córdoba (3), Granada (3), Sevilla (2) y Cádiz (1). En Almería no se ha producido ninguna. Según Guirado, la decisión de la Administración pública de personarse está dando sus frutos. "Hay que tener en cuenta que en todos los incendios existen penas de prisión dictada y el fuego aparece como delito. Antes, la sensación es que había una tolerancia excesiva", sostiene el responsable del Infoca. Da igual si la superficie quemada son pequeñas granjas agrícolas, "lo sustantivo es que se sanciona como un delito, y grave".

Según José Guirado, hasta ahora la mayoría de los casos se perdían en el proceso previo, había fallos en la custodia de las pruebas, que se extraviaban, o se detectaban defectos de formas. Muchas veces sólo se producía una multa administrativa. El responsable del Infoca asegura que se ha hecho un esfuerzo "ingente" para aglutinar a todos los agentes de la autoridad (Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de Medio Ambiente) y que ningún fuego se quede sin respuesta. Al margen de los procesos penales, anualmente se esclarecen unos 800 incendios, el 86% de los que se producen.