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COLUMNA

Una batalla estéril

El asalto al Tribunal Constitucional empezó con el llamado plan Ibarretxe. El PP intentó evitar que la reforma del Estatuto de Gernika aprobada por el Parlamento vasco se discutiera en el Congreso de los Diputados e interpuso recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso de ordenar su tramitación parlamentaria. El recurso era completamente disparatado en términos constitucionales, pero se interpuso. En esta ocasión el TC resistió, aunque no por unanimidad. Pero resistió.

El recurso no tenía sentido, ni en términos procesales, ni en términos sustantivos, ya que no existía la más mínima duda de que el Congreso iba a rechazar la toma en consideración del plan Ibarretxe, como efectivamente ocurrió. Le sirvió al PP para probar al TC, ver por dónde flaqueaba y diseñar su estrategia de asalto definitivo con la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, que sí se sabía que acabaría siendo pactada entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales.

El TC tenía que dejar claro al PP que no puede ganar en el tribunal lo que perdió en las urnas

El asalto no ha sido, pues, improvisado, sino que ha sido un asalto planificado, con múltiples agentes de dentro y de fuera del TC. El TC no ha resistido. Es verdad que hay magistrados que han tenido una conducta honesta y que no hay nada que reprocharles. Pero el número de magistrados que, por acción u omisión, han tenido una conducta deshonesta ha sido tan alto, que han llevado al TC a un callejón sin salida.

Es verdad que la presión externa ha sido muy fuerte y que la operación ha sido diseñada desde fuera, pero ello no exime de responsabilidad a los magistrados del TC, sino todo lo contrario. El hecho de que no hayan sabido blindar al TC frente a esa agresión externa es, precisamente, en donde reside su mayor fracaso.

Un TC no puede dividirse cuando tiene que enjuiciar un estatuto de autonomía y menos un estatuto del artículo 151 de la Constitución. No puede dar continuidad a una operación política de ataque frontal a un estatuto cuando dicho estatuto ha sido aprobado respetando el procedimiento de reforma previsto en la Constitución y en el propio estatuto. Si la oposición política a la reforma, con las mayorías cualificadas y la participación de los ciudadanos en referéndum que se exigen, ha fracasado, el TC no puede darle continuidad. No hay TC que tenga legitimidad para poder llevar adelante una operación de esta naturaleza. El TC tenía que haber mandado el mensaje de que no se contara con él para esa operación. Tenía que haberle mandado el mensaje a la dirección del PP de que si no había podido impedir la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales, es porque los ciudadanos así lo habían querido en las elecciones autonómicas y generales y después directamente en referéndum. Y que no podía ganar en el TC lo que había perdido en el voto ciudadano.

Un TC que no actúa de esta manera se está suicidando. Y más cuando el TC se divide por la mitad y hay que poner en marcha operaciones turbias para que la operación política de ataque frontal al estatuto acabe triunfando.

Los magistrados no podían no saber esto. Ellos sabían perfectamente cuál era el clima político que había presidido el debate de la reforma estatutaria, y sabían que, en ese clima, todo lo que no fuera una decisión por unanimidad era inaceptable.

Los magistrados del TC tenían que haber intentado averiguar si era posible llegar a una decisión unánime en algún tipo de declaración de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña y, de ser negativo el resultado de esa averiguación, tendrían que haber resuelto de manera inmediata por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la norma.

Todo lo que no sea eso conducía inevitablemente a la parálisis. Al final, este TC, con su composición actual, no va a ser capaz de dictar una sentencia sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña, ni sobre la reforma de la Ley Orgánica del TC, es decir, no va a conseguir materializar la operación política orquestada desde fuera, pero va a quedar deslegitimado para poder seguir actuando como juez de la constitucionalidad.

Con su conducta, los magistrados no han hecho más que hacerse daño a ellos mismos y, lo que es más grave, hacerle un daño de muy difícil reparación al propio TC. La pelea en el interior del TC ha sido una de las peleas más estériles que se pueden imaginar. Que un Eduardo Zaplana, un Federico Trillo, un Pío García Escudero pensaran que con la maniobra que estaban propiciando en el TC podían conseguir una sentencia de anticonstitucionalidad sobre la reforma del Estatuto de Cataluña antes de las elecciones generales, puede entenderse. Pero que los magistrados del TC, que conocen la vida interna de la institución, lo pensaran también, resulta incomprensible. Con la composición del TC eso resultaba completamente imposible. El TC podía resultar destruido o casi destruido en el curso de la operación, pero el Estatuto de Autonomía para Cataluña no podría ser declarado anticonstitucional de esa manera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de noviembre de 2007