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El PSOE ofrecerá a las autonomías más poder en la gestión de servicios públicos

Un informe plantea darles participación sobre ríos, trenes y aeropuertos

La ampliación de la participación de las comunidades autónomas en las instituciones y organismos públicos del Estado, como Renfe (trenes), AENA (aeropuertos) y las confederaciones hidrográficas (ríos), será una de las claves del programa socialista para las elecciones de marzo de 2008 si su coordinador, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, atiende al informe-balance del Ministerio de Administraciones Públicas en esta legislatura, redactado por su titular hasta julio, Jordi Sevilla. Las propuestas que hace el informe para la próxima legislatura complementan la apuesta territorial del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero emprendida con las reformas estatutarias (seis de las 17 autonomías ha cambiado su norma básica).

El Gobierno admite que hay que revisar la financiación local y la autonómica

El informe de Administraciones Públicas, que poseen ya La Moncloa, la ejecutiva del PSOE y los consejeros autonómicos, y que es uno de los textos que contribuirá a la elaboración del programa electoral, pretende culminar la etapa de descentralización recogida en el acuerdo socialista de Santillana del Mar de septiembre de 2003, que fue la base del programa de 2004.

El informe gubernamental plantea que el programa electoral desarrolle la segunda parte de aquel acuerdo: la participación y la cooperación de las comunidades en el Estado. "La propuesta sustituye el debate sobre los estatutos, que el PP lo ha convertido en confrontación, y del que el PSOE ha salido escaldado, por el de la participación y cooperación de las comunidades en el Estado. Fija las bases de un modelo federalista español, no asimétrico", señala Sevilla.

El Gobierno ya ha tomado iniciativas en esta dirección, y también ha reafirmado la cooperación del Estado con las autonomías. Es el caso de la puesta en marcha de la Unidad Militar de Emergencia; la Ley de Dependencia y la ampliación de la financiación sanitaria en el seno de la Conferencia de Presidentes. La nueva ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en la presentación de su plan de actuación en el Senado, hace unas semanas, incidió en la apuesta por la cooperación.

El informe recoge nuevas propuestas y recupera otras que no han podido ejecutarse en esta legislatura, como la reforma del Senado. Éstas son algunas:

- Participación autonómica en el Estado. El informe precisa la participación de las comunidades autónomas en los organismos del Estado con funciones de supervisión y regulación del sector económico y financiero; en los organismos estatales de programación de políticas públicas estratégicas, como obras de interés general, energía, sanidad, recursos hidrológicos, etc; y organismos gestores de grandes servicios públicos estatales, como confederaciones hidrográficas, puertos y aeropuertos.

- Conferencia de presidentes y sectoriales. Son los principales instrumentos de cooperación con que cuenta el Estado. El informe propone institucionalizar la Conferencia de Presidentes, que reúne al jefe del Gobierno con los de las autonomías y que inició su andadura en noviembre de 2004 con unas normas mínimas de funcionamiento. También pretende institucionalizar y consolidar las conferencias sectoriales, que mantienen un funcionamiento muy irregular, dando mayor participación a las comunidades en la elaboración de los anteproyectos normativos estatales.

- Reforma del Senado. El informe recupera las dos propuestas de reforma constitucional que el Gobierno no pudo acometer en esta legislatura por falta de acuerdo con el PP: la incorporación de las autonomías al texto constitucional y la reforma del Senado. "La reforma del Senado es imprescindible y no debería retrasarse más si queremos convertir el riesgo de que acabe siendo una rémora en la oportunidad de que sea el elemento cohesionador del futuro Estado autonómico", señala el informe.

- Culminación de las reformas estatutarias. El informe defiende la culminación del proceso de reformas de los estatutos de las comunidades autónomas que lo propongan. No se han incorporado al proceso Madrid, Murcia, Navarra, Extremadura, Cantabria y Asturias. Canarias, Euskadi y Galicia pretenden una reforma estatutaria que no se ha materializado aún por desacuerdo entre los partidos.

- Autonomías en la UE. El informe propone ampliar las comisiones del Consejo de la Unión Europea a las que puedan asistir las comunidades autónomas y su capacidad de actuación. También propone impulsar iniciativas de las mismas para desarrollar las relaciones con las regiones europeas para fomentar el mutuo desarrollo.

- Financiación autonómica y local. El actual modelo de financiación autonómica presenta diversos problemas respecto a las asimetrías en las responsabilidades de ingresos y gastos; y crea una insuficiente coordinación entre administraciones y una insuficiente asunción del principio de corresponsabilidad fiscal, señala el informe. Se propone un modelo para mejorar la autonomía financiera, con la salvaguarda del principio de igualdad. Y afrontar a la vez esta reforma con la del modelo de financiación local, que, con tan sólo dos años de su implantación, se ha encontrado con graves problemas para atender las necesidades de los ayuntamientos.

Los nuevos estatutos

El informe de Administraciones Públicas realiza un primer balance del alcance de los estatutos de nueva generación que se han aprobado durante esta legislatura, cuya gestación fue especialmente conflictiva en el caso de Cataluña. El primero de los estatutos aprobado fue el valenciano, seguido del catalán; y el último, el de Castilla y León, la pasada semana.El balance, que trata de contrarrestar la mala imagen que ha conllevado el proceso de descentralización territorial, destaca que un rasgo común de tales estatutos es la ampliación de los derechos de los ciudadanos en las comunidades autónomas; la cooperación y participación de las comunidades con el Estado y entre ellas mismas, y su comunicación con la UE.El informe precisa que "los ciudadanos refuerzan su condición de tales ante los poderes autonómicos" con "el reconocimiento y ampliación de derechos y deberes estatutarios". Y añade que recogen "como algo natural" un triple ámbito de actuación de los poderes institucionales -autonómico, estatal y europeo- "y la necesaria colaboración con los demás poderes para alcanzar fines de interés común".Por último, precisa que "han clarificado y ampliado su nivel de autogobierno dentro de las posibilidades constitucionales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de noviembre de 2007

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