El alcalde de Chipiona denuncia ante la fiscalía unas 300 viviendas ilegales

El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz, 17.952 habitantes) ha entregado a la Fiscalía de Medio Ambiente unos 300 expedientes de viviendas ilegales sobre terrenos no urbanizables. Con ello, el consistorio comienza a hacer frente al desaguisado urbanístico que ha vivido la ciudad en las últimas dos décadas.

En un escrito remitido al delegado de Obras Publicas de la Junta en Cádiz, Pablo Lorenzo, el alcalde de Chipiona, Manuel García (PSOE), afirma: "Buena parte de la responsabilidad es del propio ayuntamiento, no sólo porque hayamos estado más de 20 años sin aprobar un nuevo PGOU, sino porque hemos podido dar la impresión equivocada de que la construcción ilegal era una práctica tolerada, cuya sanción consistía exclusivamente en el pago de una multa".

En su escrito, el alcalde expresa su preocupación "por la difícil situación social y humana" y pide asesoramiento. El área municipal de Urbanismo tiene en estudio la posibilidad de normalizar la situación de algunas de ellas, que se encuentran prácticamente integradas en el núcleo urbano, mediante la redacción de planes parciales o modificaciones puntuales del Plan de Ordenación Urbana. Sin embargo, el responsable municipal advierte de que otros crecimientos irregulares masivos, como los de El Pinar o Los Majadales, no podrán ser recalificados.

Sobre estos, el propio ayuntamiento ha denunciado el incumplimiento de la Ley del Suelo. "Sería la fiscalía la que actuaría de oficio, incluso contra los técnicos y responsables políticos que se hayan mantenido al margen de la situación", según manifiesta el primer edil.

El alcalde ha sido llamado a declarar en los juicios celebrados -más de una decena hasta la fecha- en calidad de testigo, a fin de que confirme la validez de los expedientes municipales de infracción urbanística. La mayor parte de ellos han quedado vistos para sentencia y se esperan los fallos judiciales en breve.

El alcalde ha advertido a la delegación de Obras Públicas que de producirse órdenes de derribo, su ejecución puede general "situaciones verdaderamente dramáticas para las familias afectadas, que pueden verse literalmente en la calle". Los vecinos afectados trabajan en la creación de una plataforma desde la que ejercer de manera coordinada las acciones de defensa. El municipio de Chipiona había sido señalado por el último informe de impacto urbanístico en la costa española, como ejemplo de inacción por parte del ayuntamiento en materia de control del suelo.

El crecimiento irregular está generando, según el estudio, una "grave carencia" en materia de saneamiento, ya que la mayoría de las viviendas ilegales se valen de pozos negros y una "dramática pérdida del paisaje costero" de la zona. A pesar de que la población censada no alcanza los 18.000 habitantes, en temporada turística la localidad acoge a unos 150.000 residentes.