El Consistorio dice que dio un año a Clear Channel "para retirar las vallas"
El hijo del jefe de Mobiliario Urbano trabajaba en ese momento en la firma
La compañía Clear Channel, adjudicataria de los chirimbolos en Madrid, estuvo al menos 12 meses explotando la publicidad de las vallas que adornaban los cerramientos de solares municipales después de haber expirado su contrato con el Ayuntamiento. El documento que había firmado no se basaba en una contraprestación económica al Consistorio, sino en colocar los cerramientos de los solares en obras.
Un experto calcula que la empresa pudo ganar unos cinco millones
Pero el contrato expiró en abril de 2004 y un año después todavía había vallas que mostraban una publicidad renovada, según demuestra un documento notarial y unas fotografías realizadas en abril de 2005 a las que ha tenido acceso EL PAÍS. En ese tiempo, Clear Channel seguía ingresando dinero de los anunciantes. Además, en esa época el hijo del jefe de Mobiliario Urbano, Juan José Fernández-Villa, que como tal participó en la mesa de contratación, trabajaba en Clear Channel.
Este contrato venía precedido de una compraventa de empresas. Las firmas de publicidad Poster y Dauphine se hicieron en febrero de 1998 con el concurso para gestionar los anuncios de 200 vallas. Pero Clear Channel compró ambas firmas en 2002 y pudo aprovechar este contrato durante el tiempo que quedaba. Y hasta un poco más.
El Ayuntamiento justifica la explotación de las vallas más allá del término del contrato: "Cuando finalizó, se retiró el 80% de la publicidad de las vallas de los solares municipales durante el primer trimestre", explica Fermín Oslé, director de Vías Públicas y Equipamientos Urbanos. "El resto se retiró conforme se iban solucionando los casos más difíciles".
Según el responsable municipal, se concedió un año a Clear Channel para retirar todas las vallas publicitarias. Pero esta opción no figuraba en el pliego de condiciones y además, supuestamente, era un tiempo que se otorgaba para retirar los soportes, no para explotarlos.
Así que el negocio fue redondo. Según un experto, la empresa podría haber ingresado unos cinco millones de euros por la gestión de estos espacios durante el año en que el contrato con el Consistorio había expirado. Este periódico intentó ayer varias veces sin éxito recabar la versión de la empresa.
El grupo socialista, que llevó al último pleno municipal el contrato de los chirimbolos, tiene claro que se produjo una situación irregular. "Es una empresa a la que le han permitido explotar unas vallas publicitarias fuera de contrato. Y el pliego no lo permitía. Se ha utilizado la argucia de dejarles un margen para el desmontaje y seguir ingresando un dinero, que a precio de mercado de entonces, pudieron ser bastantes millones de euros, unos cinco", denuncia el concejal socialista Pedro Santín. "Es un tiempo extra que técnicamente no es defendible. Y eso es por una autorización expresa de Fernández-Villa", dice Santín. El grupo socialista llevó este contrato hace un año a la comisión de vigilancia de la contratación, que se limitó a reclamar el expediente.
Clear Channel es junto con Cemusa, filial de la constructora FCC, adjudicataria del actual contrato de la publicidad callejera en Madrid. La oferta presentada por ambas empresas es de 170 millones de euros, unos 73 millones menos que la que presentó su principal competidora, Viacom, filial de la multinacional estadounidense CBS, 233 millones.
Los técnicos municipales redactaron un pliego de condiciones que no valoraba las ofertas globalmente. Eso provocó que la unión temporal de empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa se hiciera con el contrato sin valorar los aspectos medioambientales y de diseño de las restantes.
Expertos consultados explicaron que este tipo de pliegos son poco habituales "porque excluyen algunas ofertas sin llegar a valorar todas las propuestas". La concejal de Medio Ambiente cuando se adjudicó el contrato, Paz González, reconoció la novedad del pliego de condiciones escogido para este concurso.
La comisión de vigilancia se retrasa
La comisión de vigilancia de la contratación que debe revisar el expediente del contrato de los chirimbolos se retrasará. La fecha prevista inicialmente era el 14 de noviembre. Pero el pasado miércoles, a petición de su presidente, el socialista Ramón Silva, se pospuso al 5 de diciembre.
El grupo socialista denuncia que pidió el retraso de la reunión porque el Ayuntamiento no había facilitado el expediente para que lo estudiaran antes. El miércoles, cuando se cerraba el plazo para convocar oficialmente la comisión de vigilancia, el Consistorio comunicó a la oposición que el documento estaba disponible. "Es evidente que intentan obstaculizar la investigación. Comunican que no disponen de la información, y justo cuando se va a cerrar el plazo dicen que sí la tienen", denuncia el socialista Pedro Santín.
El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón alega que el juzgado que le ha requerido el expediente, como consecuencia de una demanda de la empresa Viacom, pidió el original. Por ello, tuvieron que microfilmarlo detenidamente y se ha retrasado su entrega a los grupos municipales de la oposición.
Por su parte, IU anunció ayer que pedirá que el jefe del Departamento de Mobiliario Urbano, Juan José Fernández-Villa, comparezca en la comisión. EL PAÍS adelantó ayer que Fernández-Villa tiene un hijo que trabajó durante cuatro años en Clear Channel, firma que se llevó el contrato de los 899 chirimbolos que han florecido por todo Madrid.
"De probarse que esta persona proporcionó un trato de favor a la empresa por tener vínculos familiares, pediremos que sea destituido inmediatamente", afirmó la concejal de IU Raquel López, responsable de Medio Ambiente.
Juan José Fernández-Villa hijo dejó de trabajar en la firma de publicidad un año antes de que se adjudicase el contrato. El Ayuntamiento considera que ese hecho le exime de la sospecha de haberse beneficiado de un trato de favor.
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