El PSOE pide el cese del responsable municipal
Los grupos de la oposición municipal (PSOE e Izquierda Unida) criticaron ayer la relación entre el jefe del departamento de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento y la empresa Clear Channel, que se llevó, junto a Cemusa, el contrato de los chirimbolos.
Según el portavoz socialista, David Lucas, es necesario que se suspenda cautelarmente de sus funciones al jefe del Departamento de Mobiliario Urbano, Juan José Fernández-Villa Medina, por irregularidades en la concesión a la unión temporal de empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa de los nuevos chirimbolos. Además, Lucas afirmó que "este comportamiento podría constituir un delito de prevaricación".
El PSOE, además, pedirá que se investigue por qué la empresa Clear Channel explotó la publicidad de las vallas de su anterior contrato un año más de lo que permitía la concesión municipal.
La concejal de Izquierda Unida Raquel López optó por esperar a "tener pruebas" de que Fernández-Villa otorgara un trato de favor a Clear Channel. Pero remarcó que, de haber el menor indicio, pedirá su dimisión. IU hace varias semanas que investiga este asunto y espera "poder aclararlo" el próximo 5 de diciembre en la comisión de vigilancia.
"No es incompatible"
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer, en una accidentada rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, la legalidad del procedimiento de adjudicación de los chirimbolos. "La ley no establece ninguna incompatibilidad en que el hijo de uno de los responsables municipales que participaron en la mesa de adjudicación de los chirimbolos hubiera trabajado en la empresa que ganó el concurso", señaló Gallardón minutos antes de que se fuera la luz en la nueva sede del Ayuntamiento del Palacio de Cibeles.
El alcalde Ruiz-Gallardón fue más allá y recordó que "son los legisladores los que establecen el régimen incompatibilidades" y que, en el caso concreto de la adjudicación de los nuevos soportes publicitarios, "no ha establecido que exista incompatibilidad". El Ayuntamiento de Madrid, dijo, se limita "a ejecutar las reglas que marcan los legisladores" y no tiene "capacidad" para decirle a un funcionario que no esté en la mesa de adjudicación porque su hijo trabajó en una de las empresas que se presentaban.
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