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La Generalitat aprieta a los ayuntamientos con cuentas oscuras

Puigcercós retirará ayudas a los municipios que no den sus balances a la Sindicatura

Miquel Noguer

La cuarta parte de los ayuntamientos catalanes adolece de opacidad financiera. Hasta 220 corporaciones municipales han incumplido su obligación de presentar a la Sindicatura de Cuentas sus balances económicos anuales. Así lo recoge el último informe de este organismo, referido al ejercicio 2003.

Aunque la situación ha mejorado desde entonces, el nivel de opacidad se mantiene elevado. La Generalitat ha tomado una decisión contundente: los ayuntamientos que no rindan cuentas de su actividad económica no recibirán una de las subvenciones más suculentas de las que reparte la Generalitat, la del Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC), que este año suma 600 millones.

Sabadell, Reus, Rubí, Valls, Olot, Berga, Tàrrega y Torredembarra son los principales ayuntamientos que no presentaron sus balances, según la Sindicatura de Cuentas. Los que no se hayan puesto al día desde el año 2003 o que incumplan en el futuro su obligación de rendir cuentas serán borrados de la lista de beneficiarios de las ayudas del PUOSC.

"Hemos advertido en muchas ocasiones a algunos de estos ayuntamientos; creemos que esta medida acabará de convencer a sus responsables de la necesidad de cumplir las normas", resumió ayer el consejero de Gobernación, Joan Puigcercós.

Pero los grandes municipios no serán los más perjudicados, ya que buena parte de ellos se han puesto al día en los últimos meses. Serán los pequeños ayuntamientos los que tengan más problemas en el futuro. Muchos de ellos, con apenas 1.000 habitantes, no tienen ni secretario municipal, y sus alcaldes aseguran que no pueden cumplir ni con los plazos que fija la Sindicatura de Cuentas ni con otras formalidades. "Pondremos los medios para que estos ayuntamientos puedan cumplir", aseguró ayer Puigcercós, quien sin embargo dijo haber detectado algunos municipios con escasa voluntad de colaboración.

Los consejos comarcales son los organismos que deberían ayudar a los pequeños municipios en asuntos como éste, pero en muchos casos se desentienden de ello. En cualquier caso, y de aplicarse a rajatabla la amenaza de la Generalitat, los pequeños ayuntamientos podrían quedarse sin una importante fuente de ingresos. Estos municipios utilizan el PUOSC para asfaltar caminos o construir instalaciones deportivas.

El Consell Executiu aprobó ayer un aumento de la dotación del plan. El presupuesto para el periodo 2008-2012 será de 600 millones de euros, un 43% más que la anterior edición. El nuevo PUOSC pasa a tener una vigencia quinquenal cuando, hasta ahora, era cuatrienal con la finalidad de que los consistorios surgidos de las elecciones municipales tengan más tiempo para presentar proyectos de subvención. El Gobierno catalán también busca acabar con la mala imagen que a menudo ha rodeado las subvenciones del PUOSC, en ocasiones sospechosas de ser meros favores electorales.

Por primera vez, las infraestructuras de telecomunicaciones también serán susceptibles de ser subvencionadas para el PUOSC. Eso sí, sólo los municipios de menos de 2.000 habitantes podrán beneficiarse de esta novedad. El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los de los pequeños municipios, puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías.

Paralelamente, en el PUOSC 2008-2012 se priman los acuerdos o consorcios entre ayuntamientos, por ejemplo, para construir un polideportivo o un determinado servicio de uso compartido.

Los ayuntamientos de la región metropolitana de Barcelona recibirán el 28,88% del total de recursos; los de Girona, el 19,42%; los de la Cataluña Central, el 15,11%; los de Tarragona, el 12,09%; los de Lleida, el 11,88%; los del Alt Pirineu-Aran, el 7,17%, y las Comarcas del Ebro, el 5,44%.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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