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La Junta quiere negociar con la CEA el urbanismo

Arranca el Pacto por la Vivienda entre Gobierno, patronal y sindicatos

"No quiero hacer un planteamiento previo, ni de concesión, ni para acentuar la rigidez (...) Si hay que tratar temas de suelo y ordenación del territorio estamos dispuestos a tratarlo (...) Todo lo que sea favorecer los objetivos planteados en el Pacto por la Vivienda será bien recibido y negociado".

Con esta declaración, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, mostró ayer la intención de su Gobierno de sacar adelante su propuesta de alcanzar un Pacto por la Vivienda que permita la construcción en Andalucía de 700.000 viviendas en los próximos 10 años, 300.000 de ellas de protección oficial.

Chaves, y cuatro miembros de su ejecutivo, los titulares de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Transportes, y Empleo, se reunieron ayer con los máximos responsables de la patronal andaluza (CEA) y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, para iniciar la negociación del mencionado pacto.

El presidente andaluz entregó en la reunión un documento de bases, "abierto a todas las propuestas", y sobre cuyos objetivos de partida, dijo Chaves, "tanto los sindicatos como la CEA, estamos de acuerdo". Asimismo, en la reunión se alcanzó un acuerdo para trabajar en plazos y "no con prisas pero sí intensamente", dijo Chaves, para tratar de cerrar un acuerdo antes de Navidades.

Chaves resaltó los dos objetivos fundamentales del acuerdo, que posteriormente se desarrollará en la Ley de Derecho a la Vivienda, que son el dar cumplimiento al artículo 25 del nuevo Estatuto de la Autonomía, y satisfacer las necesidades de vivienda de Andalucía cifradas en las citadas 700.000 para la próxima década.

El presidente recordó las cifras que, en materia de vivienda, contempla el nuevo presupuesto andaluz, y que alcanzan los 482 millones de euros, además de 100 millones destinados a facilitar a los Ayuntamientos la compra de suelo y 52 millones para que los municipios finalicen la redacción de los planes urbanísticos.

Chaves indicó que el Pacto por la Vivienda se enmarcará en el seno del VI Acuerdo de Concertación Social, y que al mismo se incorporarán posteriormente las corporaciones locales a través de la FAMP y las entidades financieras.

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones aceptaron el inicio de la negociación y tras fijar los objetivos comunes, realizaron una advertencia: que no se utilice el pacto para condicionar intereses que no están incluidos en el pacto. No obstante, Manuel Pastrana (UGT) aseguró con rotundidad: "Habrá pacto con absoluta seguridad".

La CEA, por su parte, se mostró dispuesta a iniciar la negociación pero planteó la premisa de incluir en el pacto la negociación sobre suelo y planificación. Santiago Herrero, su presidente, dijo que enviarán un documento el próximo miércoles en relación con sus propuestas. "Una cosa es estar de acuerdo en los objetivos y otra la instrumentalización de los medios para alcanzar el pacto", dijo Herrero, que no concretó sus peticiones, aunque reconoció que "un elemento esencial para el pacto es el suelo y los suelos dependen de los PGOU y, en función de la planificación y ordenación del territorio se pueden establecer luego los objetivos".

Chaves con los responsables de la CEA, de los sindicatos UGT y CC OO y de cuatro consejerías.
Chaves con los responsables de la CEA, de los sindicatos UGT y CC OO y de cuatro consejerías.GARCÍA CORDERO

Las bases para el pacto

La Junta entregó ayer un documento de bases denominado "Propuestas sobre vivienda", que será el que inicie la negociación para alcanzar el Pacto por la Vivienda lanzado por el presidente andaluz a comienzos de este curso. El documento, de 10 folios, recoge inicialmente una introducción en la que se justifica la necesidad del acuerdo: crecimiento de la población andaluza de 7,2 a 8 millones de habitantes en 10 años; existencia de 824.341 personas entre 18 y 35 años con empleo, que quiere emanciparse y sin posibilidad de hacerlo por la subida de precios de la vivienda; y necesidad de mantener la actividad del sector de la construcción como motor de la economía.

En segundo lugar hay unas orientaciones de actuación en las que se fijan en 700.000 viviendas (300.000 protegidas) las necesarias para dar respuesta a la sociedad, así como unas recomendaciones de calidad para las futuras actuaciones.

La tercera parte del documento recoge la tipología básica de las viviendas protegidas, y los módulos de acceso. Se establece que para jóvenes de entre 20 y 35 años, con empleo e ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (499,2 euros mensuales) habrá viviendas en alquiler o compra con costes hipotecarios inferiores a un tercio de los salarios, o un cuarto en el caso del alquiler.

Finalmente, se establecen tres pilares del acuerdo: el compromiso de la iniciativa privada y los sindicatos para llevar a cabo la construcción de las viviendas en plazos y ritmos que se pacten. El compromiso de la Administración regional y municipal para facilitar suelo para la VPO y la propuesta a las entidades financieras para firmar convenios para la financiación de las obras.

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