Gas Natural, obligada a devolver dinero a unos 200.000 andaluces

Desde septiembre de 2003 lleva revoloteando por los juzgados el cobro de los derechos de alta y de las instalaciones receptoras comunitarias que Gas Natural Andalucía facturó a sus clientes de forma irregular hasta hace dos años. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba declaró en 2003 que esos cobros eran indebidos, ya que no estaban regulados por ninguna administración. E instó a la compañía a devolver el dinero recibido por estos dos conceptos. La compañía recurrió aquella decisión ante la Audiencia, que volvió a dar la razón a los usuarios y al Ayuntamiento, que, junto a la Fiscalía, se encargó de defender sus derechos. El último paso que le quedaba a Gas Natural era un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y así lo hizo en abril de 2004.

Finalmente, el pasado mes de julio, la propia compañía decidió retirar ese recurso y el Tribunal Supremo lo ha aceptado, lo que significa que Gas Natural debe devolver lo que facturó a sus clientes indebidamente.

Los cobros se empezaron a realizar a partir de 1997. En el caso de los derechos de alta se extienden hasta el 20 de julio de 2004 y en el de las instalaciones receptoras comunitarias, hasta el 29 de julio de 2005, momento en el que se aprobó el Real Decreto que regula estos aspectos.

El Ayuntamiento estima que la cifra de afectados en Andalucía puede rondar los 200.000. Alfonso Igualada, responsable municipal de Defensa del Consumidor, insiste en que se trata de solo una aproximación.La empresa, que es la que puede saber el número exacto, se negó ayer a facilitar una cifra concreta. Gas Natural Andalucía tampoco hizo público el dinero total que debe rembolsar a sus clientes. Actualmente la empresa cobra 60 euros por los derechos de alta y 24 euros al año por el mantenimiento de las instalaciones receptoras comunitarias.

Estos dos servicios están regulados por el Gobierno central y por la Junta. Gas Natural Andalucía manifestó que decidió retirar el pasado julio el recurso ante el Tribunal Supremo "al considerar que carece ya de sentido una resolución judicial de un tema que ya ha sido regulado por normativa". Tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la organización de consumidores Facua elogiaron esta decisión. Sin embargo, ahora podría abrirse una segunda batalla en esta guerra de los cobros indebidos: cómo se debe desembolsar ese dinero a los clientes.

Una portavoz de la empresa sostuvo que los afectados deben "presentar" su reclamación en el juzgado donde se dictó la sentencia. Olga Ruiz, vicepresidenta de Facua Andalucía, no comparte que el asunto "se siga judicializando". Y Alfonso Igualada, responsable municipal de Córdoba encargado de este asunto, conminó ayer a Gas Natural a facilitar la devolución de los cobros indebidos. Para Igualada, sería "más eficaz" que la empresa "actuara de oficio porque tiene los registros y sabe quiénes eran los consumidores afectados". El método podría ser la devolución a través de la factura, según el Ayuntamiento cordobés.

Independientemente de la decisión que tome Gas Natural, el Consistorio de Córdoba anunció que tramitará conjuntamente las 500 reclamaciones que le han llegado formalmente y que las trasladará al juzgado. Lo hará a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que fue el órgano al que llegaron las primeras reclamaciones hace cuatro años.