Los directores podrán expulsar de inmediato a alumnos conflictivos

Freno a la indisciplina en las aulas. Los directores podrán sancionar y apartar del centro a los alumnos conflictivos de manera inmediata y con carácter preventivo, cuando la gravedad del caso lo requiera, sin esperar a que se resuelva el expediente, como sucede ahora.

Un castigo diferido en el tiempo no sirve de nada, dicen los especialistas

Esta es la principal novedad que recoge el borrador del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, con el que el Departamento de Educación pretende devolver la autoridad a los docentes, bajo el principio pedagógico de que los castigos deben ser inmediatos para que tengan valor. Es decir, se podrán tomar medidas inmediatas, aunque se mantenga el procedimiento garantista del expediente. Con la normativa actual, pueden pasar meses hasta que las agresiones o los malos comportamientos son penalizados de forma efectiva.

El decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos es el marco que establece las normas de convivencia en los centros escolares. El Departamento de Educación está ultimando el borrador para sustituir a que se encuentra en vigor, que tiene más de diez años de antigüedad y que la comunidad educativa tacha de "obsoleto". En muchos casos, esta normativa ha demostrado que no sirve. Buena parte de las decisiones en los centros se adoptan al margen de ella, lo que provoca inseguridad jurídica.

En estos momentos, los directores no pueden actuar de oficio y tienen que esperar a que resuelva el consejo escolar, que es el órgano máximo de representación de cada centro y donde figuran padres, profesores y alumnos. Cuando se apruebe el nuevo decreto, previsiblemente a comienzos del próximo año, los directores tendrán la potestad de castigar y de imponer medidas provisionales, dejando al consejo escolar de cada colegio la revisión ante una posible reclamación de la familia del alumno.

Con el decreto actual, cuando un alumno comete una falta grave, como una agresión a un docente o a otro alumno, o se produce un caso de acoso escolar, se instruye un expediente. El instructor, que puede ser un profesor, busca pruebas, escucha a la víctima, a testigos, al agresor e incluso a los padres de éste. Después propone una sanción y traslada sus conclusiones al consejo escolar, que es el órgano que finalmente decide.

El procedimiento resulta muy garantista para los alumnos, pero la resolución final puede demorarse varios meses, ya que los padres tienen el derecho de recurrir la sanción. Y mientras tanto, el escolar que ha tenido el comportamiento violento puede seguir tranquilamente en el centro, con el mal ejemplo que ello conlleva para el resto de los alumnos. "Un castigo diferido en el tiempo no sirve de nada y carece de valor pedagógico", apunta un especialista.

El objetivo del nuevo decreto es responder de una manera rápida a la violencia en los centros escolares, una de las demandas más sentidas por el profesorado, que en los últimos años se siente desamparado por la imposibilidad de ejercer su autoridad. Las medidas provisionales que podrá imponer el director a los alumnos conflictivos irán desde la suspensión de acudir a clase, a la expulsión del centro de manera temporal hasta que se le tome declaración para el expediente disciplinario. A partir de ahí, el camino a seguir es parecido al que existe ahora, pero con la diferencia fundamental de que al final el consejo escolar sólo participará para revisar la decisión del director, si los padres lo solicitan. De lo contrario, el castigo impuesto cautelarmente por el responsable del centro será efectivo.

El borrador del decreto, en todo caso, está diseñado con criterios educativos, que sirvan no para castigar sino para educar. Y para ello introduce la figura del "compromiso educativo de convivencia", mediante el cual los padres del alumno conflictivo se comprometen a modificar la conducta de su hijo. Si el afectado accede a firmarlo, se puede incluso suspender la aplicación de las medidas correctoras.

La violencia de alumnos contra profesores en los colegios vascos aumentó de manera considerable el pasado curso 2006-07. Los docentes denunciaron 22 agresiones, tanto en centros públicos como concertados. También se confirmaron 69 casos de acoso escolar.