Italia culpa a los rumanos de la ola de crímenes

El asesinato de la esposa de un alto oficial desata la xenofobia

Tres mujeres mayores suben la cuesta, cargadas con fardos. Detrás caminan varios niños. Uno de ellos dice tener 10 años y llamarse Jimmy. "Es Dimitru, le tenemos muy visto, es un raterillo en la estación de Termini", explica un policía. El entorno es un espanto, comparable a un campamento de refugiados de África. Inmigrantes, policías y cámaras de televisión pululan por el vertedero con barracas de Tor di Quinto, en la periferia norte de Roma. Miles de inmigrantes clandestinos están perdiendo su chabola, porque el Ayuntamiento ha decidido acabar con los asentamientos nacidos en los últimos años. Un crimen, el enésimo, ha acabado con la relativa tolerancia. Los rumanos son señalados como culpables. Especialmente los rom, los gitanos.

Giovanna Reggiani, de 47 años, esposa de un alto oficial de la Marina, fue asesinada al anochecer del día 31 junto a la estación ferroviaria de Tor di Quinto. Una chabolista rumana denunció a un vecino y compatriota, Nicolas Maillat, rom, de 24 años, detenido poco después en la mísera vivienda de cartones que compartía con su madre y hermano. El presunto asesino, con una condena pendiente en Rumania, tenía el bolso de la víctima y el rostro con sangre.

Al día siguiente, el Gobierno de Prodi aprobó un decreto que permitía extender a los ciudadanos comunitarios peligrosos las condiciones de expulsión de los extracomunitarios. Era una medida pensada para los rumanos, que han sustituido a los albaneses en las pesadillas italianas. Hay más de medio millón de rumanos en Italia. La gran mayoría tienen empleo y residencia fija. Pero hay otros en situación irregular, como los varios miles que hasta ahora malvivían, gracias a la caridad o el robo, en los asentamientos del Tíber, del Trastevere, de Tor di Quinto, de Torre Salaria, del puente Mammolo, mezclados con norteafricanos, albaneses y bosnios.

Una de las mujeres cargadas con fardos se lamenta. "¿Dónde vamos a ir?", gime, en un italiano apenas comprensible. "Los más peligrosos se han esfumado, a otros nos los llevamos a comisaría para identificarles y, en su caso, internarlos en centros a la espera de la expulsión. Supongo que estas mujeres y los chavales irán ahora a otro asentamiento", dice un policía. "Si no derribamos todos los campos de chabolas con la máxima rapidez, lo que estamos haciendo hoy no valdrá de nada", añade.

El 36% de los presos son extranjeros. Apenas un 10% de ellos son acusados de delitos violentos: la población reclusa se hincha por cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. Las estadísticas indican que los italianos siguen delinquiendo más. Pero varios crímenes de gran repercusión, como el sufrido por Giovanna Reggiani, y un gran número de robos y agresiones callejeras, han generado una ola de xenofobia.

Las excavadoras permanecen a las puertas de Tor di Quinto y entrarán en cuanto la policía concluya el registro de las chabolas vacías. Luego, según el Ayuntamiento de Roma, serán desalojados y destruidos los otros asentamientos. Y empezarán a partir aviones y autobuses hacia Rumania. El Gobierno de Prodi se ha puesto ya de acuerdo con Bucarest. El alcalde de Roma, Walter Veltroni, recién elegido como líder del centro-izquierda, no quiere que el asunto rumano arruine su popularidad. Y anuncia "el fin de la tolerancia".

Más información

en las páginas 40 y 41

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0002, 02 de noviembre de 2007.

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