La costa más amenazada por las promociones

Almería vive probablemente la mayor explosión urbanística en el Mediterráneo. Los ayuntamientos de la costa, de todos los partidos, tienen aprobadas decenas de miles de viviendas, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, del PSOE, que en los últimos años ha intentado reconducir su situación. "A pesar de las agresiones sufridas, el litoral almeriense se salvó del desarrollismo de los 60 y 70", comienza el diagnóstico de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el gran diagnóstico sobre el estado del litoral que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante dos años y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La zona, agreste y con problemas de agua hasta hace poco, ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos. "El actual desarrollo agroturístico e industrial en algunos puntos está generando un rápido deterioro de las condiciones naturales que caracterizan este litoral con agresiones que, en muchos casos, son irreversibles o de difícil corrección", prosigue el plan de Medio Ambiente.

Sólo el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora (11.000 habitantes) planeó la construcción de 145.000 viviendas. El planeamiento debe ser restringido, entre otras cosas, porque quedan terrenos radiactivos por el accidente de Palomares.

Tras el sombrío diagnóstico, el plan aborda metro a metro las agresiones que ha sufrido el litoral. En Villaricos propone trasladar la fábrica de antibióticos que la multinacional DSM tiene sobre la playa. No es la única industria que estorba: la cementera de Carboneras también debe ser trasladada.

Sin embargo, las principales "degradaciones" son urbanísticas. El hotel nudista Vera Playa invade el dominio público marítimo terrestre, ocupa la misma playa. La estrategia propone demolerlo. Lo mismo ocurre con el hotel El Palmer y los apartamentos directamente sobre la playa, en Enix. Sobre este último, de 10 plantas, el plan afirma que es "una ocupación ilegal del dominio público" y plantea "recuperarlo todo expropiando el hotel y los apartamentos".

Ante los anuncios de las demoliciones que, por centenares, propone la estrategia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió ayer en que la mayor parte de los casos sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, sobre estos dos hoteles la competencia es exclusiva del Gobierno. Si Medio Ambiente quiere cumplir su plan puede hacerlo sin acuerdo de la autonomía.

El texto critica también el modelo urbanístico en los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata, el mayor parque del Mediterráneo: "El deterioro del medio natural, el excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en cabo de Gata, por lo que debe buscarse un turismo más sostenible". Allí detecta "degradaciones paisajísticas en San José e importantes ocupaciones urbanísticas del litoral; deterioro de paisajes agrarios tradicionales, sobreexplotación de caladeros de pesca, sobreexplotación y salinización de acuíferos, abandono del patrimonio arqueológico e insuficiente planificación urbanística".

Entre los ejemplos destaca las expansiones previstas en un plan parcial de Níjar, junto a la Fabriquilla, "las ocupaciones de dominio público y de la servidumbre de tránsito en San José, Isleta del Moro, Cala Higuera, Las Negras y Agua Amarga; el desarrollo turístico de San José, basado en segunda residencia, los desarrollos urbanísticos desproporcionados en algunas poblaciones o la insuficiente planificación urbanística". Además, afirma que hay "actuaciones inmobiliarias inapropiadas". En San José, propone "retirar las edificaciones" que llegan hasta el acantilado.

La estrategia destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, y el de Níjar, ahora del PP, que "tienen una visión negativa de la normativa del parque al considerarla perjudicial para su desarrollo industrial y urbanístico o para su economía". Carboneras autorizó, con el visto bueno de la Junta, el polémico hotel del Algarrobico, paralizado por orden judicial y con un proceso de expropiación abierto por parte del ministerio y con otro pleito de la Junta.

El diagnóstico sobre la situación en Andalucía supone un problema para el Gobierno, que denuncia el urbanismo salvaje en Murcia o Valencia, pero pasa de puntillas sobre el andaluz. Aunque oficialmente la Junta de Andalucía (PSOE) pone más restricciones al urbanismo, si uno circula desde Murcia a Almería hay muchas más grúas en territorio andaluz. En junio de 2006, Narbona criticó el urbanismo en la costa andaluza y, ante las críticas desde la Junta, acabó reconociendo que se refería a años anteriores y que la situación ha mejorado mucho.

El plan también carga contra el mar de plásticos que en algunos casos llega hasta el borde del mar. Los invernaderos no sólo afean el paisaje sino que amenazan con contaminar el mar.

La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral. Sus 81 kilómetros de costa acogen un muestrario de atropellos urbanísticos: desde hoteles que invaden el dominio público marítimo terrestre a invernaderos "que llegan hasta las olas", en palabras de Francisco Javier Egea, de Ecologistas en Acción.

La difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, ya no es obstáculo para los promotores. La población de Almuñécar ha crecido un 18% en cinco años y otros pueblos del litoral, como Rubite, de 468 habitantes en 2006, prevé construir 3.500 viviendas en la próxima década. En Albuñol y Sorvilán, en el límite con Almería, la gran actuación de Medio Ambiente consiste en recuperar el dominio público y las servidumbres de tránsito costero, invadidas por los invernaderos.

Almuñécar es la localidad con más irregularidades, según el documento de trabajo de Medio Ambiente. La localidad, gobernada por el independiente Juan Carlos Benavides, es la que tiene un urbanismo más conflictivo en la provincia. La Junta de Andalucía ha abierto al menos 59 expedientes por excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en el PGOU fuera de la legalidad. En el tramo costero, el ministerio prevé la "liberación de ocupaciones mediante expropiación y demolición" de un hotel en la playa de Pozuelo y la "recuperación de la servidumbre de protección" de otro establecimiento en la playa del Capitán. La construcción de residencias en la playa del Muerto, considerada por los grupos ecologistas como "uno de los atentados urbanísticos más fuertes de litoral", se quiere paliar mediante una "propuesta de restitución de la costa".

Junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en el límite con Málaga, según Egea, "se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada para una urbanización cercana". Y eso es ilegal.