Una 'ética Valiente' para el Constitucional

Algo importante está sucediendo en el seno del Tribunal Constitucional (TC). El pasado viernes numerosos diarios coincidían en dedicarle sus portadas. Las palabras con que describen su situación constituyen una señal de alarma: "bloqueo", "crisis", "insensateces", "graves irresponsabilidades", "credibilidad en peligro", "desprestigio". Éste es el mensaje común, aunque son distintos los juicios que se hacen sobre las causas y los causantes.

Son muchos los ciudadanos confiados, por el momento, en que la democracia española cuenta con el TC para afirmar la supremacía de la Constitución, dictando su palabra última y decisiva con criterios jurídicos y por personas independientes.

El 8 de julio de 1992 se despedía quien fue su presidente, don Francisco Tomás y Valiente, con estas palabras: "Las instituciones... están integradas por personas, pero no son esas personas". ETA le asesinó; precisamente porque había sido guardián vigilante de la Constitución, no sólo como intérprete de la misma, sino como ciudadano comprometido con su vigencia: cuando los golpistas del 23-F quisieron acabar con ella, don Francisco Tomás y Valiente no huyó a Portugal ni se escondió en un caserío. Se mantuvo firme en la sede de la institución. Su vida, su obra y su muerte forman parte de la memoria y la tradición democrática de España.

Ante su grave crisis, el Tribunal debe seguir el ejemplo de Tomás y Valiente

Si han errado, deben rectificar y, en último caso, dejar paso a otros

El terrorismo pudo quitarle la vida pero no pudo arrebatarnos la dignidad de su honesta y recta magistratura. Por eso, podemos invocarla en este trance del Tribunal Constitucional que nos preocupa a tantos y traer aquí alguna de sus reflexiones.

Hace ya 20 años Tomás y Valiente advertía que el "uso excesivo por indebido" del Tribunal Constitucional lo situaba en "encrucijadas peligrosas para su prestigio".

La encrucijada actual es más peligrosa que aquellas que contemplaba Tomás y Valiente, sobre todo porque ahora las críticas al "uso indebido" son de un calibre muy superior. No hace falta reproducirlas aquí, entre otros motivos porque no pretendo ahora dar o quitar razón ni al Gobierno ni a la oposición (el lector ya sabe cuál es mi partido). Creo que lo que importa destacar de esas críticas es que sus destinatarios no son los nacionalistas o independentistas vascos o catalanes, o cualesquiera otros partidos, sino que son los dos partidos principales de España; "la lógica bipartidista mata al Tribunal Constitucional" se escribe desde cátedras de Ciencia Política. Lo cierto, en todo caso, es que PP y PSOE son decisivos a la hora de sustentar el sistema institucional en el que es pieza clave un Tribunal Constitucional integrado por juristas que no sólo deben proclamar retóricamente su independencia sino que deben ser independientes.

El "uso indebido" del Tribunal no es la única razón que explica la gravedad, porque contra el vicio de pedir desde fuera lo indebido está la virtud de no dar desde dentro lo que el Derecho no permite.

Pero mal que nos pese, lo que ahora está en abierta cuestión es la independencia de quienes integran el Tribunal Constitucional. La "guerra de recusaciones" ha sido promovida desde fuera del Tribunal Constitucional, pero la abstención de su presidenta y vicepresidente proceden de dentro. El Tribunal ha tramitado como ha querido las recusaciones y abstenciones, y ha sido el propio Tribunal Constitucional quien con sus decisiones se ha metido en un laberinto sin aparente salida; asistiendo, así, a la pérdida del crédito ganado en largo y trabajado tiempo (¡bendito aquel en que podía decirse que el principal problema era el exceso de trabajo!) y abocado a un bloqueo que sería el hazmerreír de España entera. En esas circunstancias, ¿tendrían sus actuales componentes valor y autoridad personal bastantes para dictar las importantes sentencias que todos tenemos en mente? En mi opinión, el laberinto tiene salida; aunque haya que desandar los pasos mal dados. El Tribunal Constitucional no ha sido concebido de modo que pueda ser bloqueado desde fuera ni por la política ni por los aprendices de brujo.

Quienes lo integran saben que las decisiones que le corresponde tomar, basadas en Derecho, han de resolver los problemas que se les planteen por críticos que sean, en lugar de encerrarse en ellos, con interpretaciones jurídicas erróneas alejadas de la única posible: la que resulte coherente y armónica con todo el ordenamiento jurídico y evite la parálisis y el ridículo de uno de los órganos esenciales del entramado constitucional. Ninguna interpretación puede conducir al disparate de que los litigantes en un proceso puedan determinar la composición de la sala juzgadora o su inhabilitación sin posible sustitución inmediata por otros magistrados. En esto estamos, guste o no guste, asuste o no asuste: el prestigio de quienes lucen puñetas no está en buen momento. Los jueces constitucionales han de resolver un conflicto político que ha contribuido a marcar la presente legislatura. Han de hacerlo con razones jurídicas, no con argumentos políticos, y no podrán hacerlo si no actúan con independencia de criterio. Ya no vale, como antaño, que el presidente "pida de rodillas" a un magistrado un voto que le favorezca. Zapatero, además, no lo hará.

En estos momentos de crisis del Tribunal, el ejercicio de la independencia exige una especial clase de valor. No sólo valentía ante los demás, sino especialmente ante uno mismo: si ha errado, para rectificar, y en último caso para marcharse y dejar paso a otros y otras.

Me temo que una indebida interpretación de la independencia haya podido degenerar en irresponsabilidad y en un lavarse las manos; me temo que la falsa pretensión de pureza que ha alentado la guerra de recusaciones comenzada frente a Pérez Tremps ha propiciado la huida por ese laberinto sin salida que han contribuido a fabricar cuestionables decisiones. Por esto, vuelvo a citar a Tomás y Valiente que describió la independencia de este modo: "Aquí nadie representa a nadie, ni a la Cámara donde fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que tomara la iniciativa de proponer su nombre como candidato. Ello significa que en el Tribunal Constitucional cada magistrado está a solas con su formación técnica y con su conciencia personal: de ellas y sólo de ellas depende. En eso consiste su independencia". Me alegra que la presidenta Emilia Casas asegure que "el Tribunal Constitucional resolverá la situación". Y así ha de ser, pero no por el bien de la Constitución, que no está en peligro, sino del Tribunal Constitucional que está en sus peores momentos de credibilidad.

¿Y qué podemos hacer mientras tanto los españoles que asociamos la libertad y la democracia a la Constitución? Personalmente, he creído que lo mejor era evocar a Tomás y Valiente, para pedir valentía a magistrados y presidenta. Para que se den un plazo y pese a quien pese, incluso si fuera el caso pese a ellos mismos, dejen de ser un obstáculo y no hagan sufrir al sistema.

Que están en un brete ya lo sabemos. Ahora bien, quizá ellos deban saber que nunca tuvo el Tribunal obstáculo mayor a su prestigio que el que ellos representan en este momento. Sus públicos enfados y privados desencuentros, sus deliberaciones filtradas a los periódicos -cada uno al suyo-, y las acusaciones de "traición" a quien no vota de acuerdo con el grupo que le promovió al cargo, son tan escandalosas como conocidas.

Ojalá que la ética Valiente se imponga en un Tribunal que tanto ha hecho por la España de las Autonomías y por los derechos de los españoles. Ojalá que la valiente decisión de alguno o de todos sus jueces, le permita ser lo mismo que fue cuando ya no puede seguir siendo lo que es.

José Bono ha sido ministro de Defensa del Gobierno de Rodríguez Zapatero.