Un escolta implica en el 'caso Tamayo' al presidente de Intereconomía

José María Calzada, que fue escolta del presidente del Grupo Intereconomía Corporación, Julio Ariza, ha relacionado a su antiguo jefe con los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, según informó ayer la cadena SER. Al ausentarse el 10 de junio de 2003 del pleno de investidura, los dos parlamentarios impidieron que el socialista Rafael Simancas lograra los votos necesarios para convertirse en presidente regional. Eso obligó a repetir las elecciones autonómicas, y esta segunda convocatoria la ganó el PP.

El ex escolta de Ariza aseguró ayer en la emisora que su jefe le ordenó proteger a ambos diputados días antes de su espantada y que también participó en el traslado y vigilancia de los tránsfugas después, cuando se ocultaron. Calzada asegura que trasladó y ocultó a los tránsfugas en una ocasión: el 27 de junio de 2003, 17 días después de que los diputados se ausentaran de la Asamblea. La presidenta Aguirre concedió en marzo una licencia de televisión a Homo Virtualis, vinculada a Intereconomía (editora de la revista conservadora Época).

El ex escolta afirmó que en aquellos días eran frecuentes las reuniones entre Julio Ariza y José Luis Balbás, líder de la corriente socialista Renovadores por la base, y mentor de los tránsfugas.

"No conocía a Balbás"

En nombre de Ariza habló ayer el directivo del grupo Intereconomía Xavier Horcajo, que negó tajantemente la implicación del presidente de su empresa en el caso Tamayo. "Es una información absolutamente falsa. Ariza no ordenó la operación. Tampoco conocía en aquellos momentos ni a Balbás, ni a Tamayo ni a Sáez", puntualizó. "Lo que han hecho es atribuirle una relación de complicidad por el único motivo de haber sido diputado del PP hace 10 años", agregó.

Horcajo recordó que Calzada fue despedido de su empresa -en 2006- y que sus acusaciones podrían estar motivadas por deseos de venganza. No es el primer escolta que ofrece supuestos detalles del caso Tamayo. Otro guardaespaldas que protegió a los diputados tránsfugas, José Antonio Expósito, reveló en enero de 2006 en un juzgado que quien le pagó por ese servicio fue el constructor Francisco Vázquez, afiliado al PP. Fuentes próximas al constructor desmintieron entonces tajantemente este extremo.