Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas

A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas.

"Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.

Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".

El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.

A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.

En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.