El Parlamento vasco pide la libertad de los dirigentes de Batasuna

El Parlamento vasco reclamó ayer la puesta en libertad de 19 dirigentes de Batasuna que permanecen encarcelados por orden de la Audiencia Nacional y denunció "la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria" que, a juicio de los grupos que apoyaron la iniciativa, se produjo con el registro de la sede de EHAK en San Sebastián, después de las detenciones.

El texto sostiene que los dirigentes de Batasuna fueron detenidos y encarcelados por ejercitar "el derecho de reunión", en referencia al encuentro que mantenían en un local de Segura (Guipúzcoa) cuando se produjo la intervención policial ordenada por el juez Baltasar Garzón, el 4 de octubre pasado.

El debate, suscitado por una propuesta de EHAK que resultó derrotada, se zanjó con la aprobación de una enmienda presentada por PNV, EA, EB y Aralar, a la que se opusieron el PSE y el PP, y que salió adelante gracias al apoyo de los abertzales.

Los parlamentarios de EHAK la respaldaron en todos los extremos, salvo el que repudia cualquier "expresión de violencia, chantaje o extorsión", después de que el portavoz del PNV, Joseba Egibar, aceptara la votación por separado de sus cinco apartados.

EHAK no apoyó tampoco otra iniciativa que condenó el atentado contra el escolta Gabriel Ginés; los ataques a la hija del alcalde de Andoain, José Antonio Gabarain; al presidente de la gestora municipal de Ondarroa, Félix Arambarri, y a la sede del PSE-EE en Getxo. La propuesta exigía también el fin del terrorismo y la apoyaron todos los demás grupos.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, reclamó respeto a la acción judicial y rechazó que exista conculcación de derechos. "Tenemos un Estado garantista, pero no se chupa el dedo", señaló. El PP acusó al PNV, principal impulsor del texto aprobado, de haber culminado ayer "su proceso de batasunización"

No a la consulta

El Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PSE-EE, se convirtió ayer en el primero que pide al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que renuncie a convocar la consulta soberanista anunciada para 2008. Socialistas y populares argumentaron que la iniciativa está fuera del ordenamiento jurídico y adelantaron su apoyo al Gobierno en las medidas que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de la legalidad.