Papeles parados en Madrid y Murcia

En teoría, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid contrató a 60 personas para hacer cumplir la Ley de Dependencia. Sin embargo, nadie ha visto el resultado de su trabajo. Ni una sola de las evaluaciones teóricamente realizadas, que deben contener el grado de dependencia de la persona atendida y sus necesidades, ha sido elevada al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Según aseguran fuentes del ministerio, tampoco han presentado el anexo de inversiones, es decir, los detalles del proyecto o proyectos en los que quieren invertir los 23 millones de euros que el Gobierno ha reservado para atender a los 23.300 dependientes que se calcula que hay en esta región. "Hacemos las baremaciones, aunque no volquemos los datos", señala un portavoz de la comunidad autónoma. ¿Por qué? No hay respuesta para eso. Tampoco permiten conocer a ninguno de los 60 técnicos que supuestamente se dedican a esas labores "en turnos de mañana y tarde de siete horas", aseguran en la Comunidad.

Tampoco hay posibilidad de conocer la sede en la que trabajan en la Dirección General de la Coordinación de la Dependencia: "Es que están muy ocupados en este momento, tienen muchas solicitudes", justifican. La comunidad ha recibido unas 10.000 peticiones, según datos de un informe elaborado por el sindicato Comisiones Obreras. Sin embargo, no han sido resueltas. Al menos, no oficialmente: no las conoce el ministerio ni las conocen los sindicatos, pese a que han solicitado la información. La comunidad insiste en que "no hay ningún ocultismo, sino total transparencia" y en que están esperando que "el Gobierno firme el convenio de colaboración".

Murcia es la otra comunidad autónoma acusada por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de no colaborar. Tampoco ha entregado un solo dato al ministerio sobre las evaluaciones ya realizadas. La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de esta comunidad asegura, sin embargo, que se han presentado 13.000 solicitudes en la región y que 5.000 valoraciones han sido ya concluidas. Al igual que Madrid, también están pidiendo un convenio con el ministerio y se reunirán con el Gobierno central el próximo mes de noviembre, informa Mónica C. Belaza.

Mientras tanto, el ministerio asegura no saber de qué hablan estas comunidades cuando piden "convenios". "Según la ley hay dos tipos de ayudas", señala un portavoz. "Unas automáticas, que se conceden por cada evaluación realizada de la que tenemos conocimiento (170 o 250 euros), y que ya se están pagando a las comunidades que nos han presentado sus solicitudes resueltas; y luego está la partida destinada para impulsar la implantación de la norma en las distintas comunidades y que en el caso de Madrid es de 23 millones de euros. Para recibir esta partida deben presentar un proyecto de gasto suficientemente detallado, para que se sepa en qué y cómo se va a emplear ese dinero. Desde la Comunidad de Madrid no se ha presentado ninguna de las dos cosas".