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El análisis de las grabaciones frena el avance judicial del 'caso Fenoll'

La policía lleva cinco meses trabajando y aún no ha clasificado todo el material

Hace cinco meses el Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela ordenó el encarcelamiento del empresario Ángel Fenoll, de su hijo, que tiene su mismo nombre, y del gerente de su firma matriz y concejal del PP en Albatera, Javier Bru. Los tres fueron puestos en libertad 26 días después, pese a los cargos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias que pesan sobre ellos. Cinco meses después el caso no avanza. ¿Por qué?

Fuentes judiciales aseguran que la aparente paralización del caso Fenoll se debe a la ingente cantidad de grabaciones ilícitas presuntamente realizadas a instancias del industrial. La Brigada de Delitos Económicos de la comisaría de Alicante incautó en el domicilio del empresario y en la sede de su firma Colsur, SL, en Orihuela, decenas de conversaciones grabadas que todavía no han sido transcritas en su totalidad ni, en consecuencia, remitidas a la juez instructora del caso. "Hay mucho material, con múltiples interrelaciones", señalan estas fuentes, que justifican el retraso con que avanza el caso por "la dificultad que entraña ordenar y clasificar todo el material para encauzar la investigación".

Existen decenas de conversaciones interrelacionadas todas ellas entre sí
Ordenar y clasificar todo el material resulta muy difícil para la policía

El caso Fenoll es la operación más espectacular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para desentrañar la trama de corrupción político-empresarial existente en la comarca de La Vega Baja. En la punta de la pirámide se sitúa el industrial murciano Ángel Fenoll, rey del monopolio de las contratas de basuras en la zona, y primer imputado en la investigación que dirige la magistrada Nuria Soler, titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, con el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, empujando. Pese a ello, la causa está blindada bajo la losa del secreto del sumario. Nada ha trascendido, salvo los dos episodios más mediáticos de la operación: El encarcelamiento del empresario, su hijo y el gerente de la empresa, y su puesta en libertad. Después de eso, el silencio.

La investigación judicial comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El representante del Ministerio Público apreció presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en una conversación grabada entre el industrial Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández.

En la cinta, difundida por el empresario en marzo de 2006, el concejal revela a Fenoll un supuesto intento de soborno de una de las empresas aspirantes a la contrata de la basura de Orihuela, la mercantil Urbaser. Ferrández comenta en la cinta que los intermediarios de los supuestos pagos ilegales por la adjudicación son el Papeles, alías del empresario José Antonio Rodríguez Belmonte, dueño de la promotora San Antonio, y su abogado, el urbanista José Vicente Escudero.

La grabación también recoge alusiones al plan zonal de residuos sólidos para la comarca de La Vega Baja, proyecto dependiente de la Diputación de Alicante. El concejal refiere al industrial que lo que verdaderamente "interesa" a Urbaser es el plan zonal.

La juez también investiga, como consecuencia del interrogatorio a los detenidos, la financiación de la campaña electoral del PP u otros partidos. En determinados pasajes de la comparecencia de Fenoll y Bru ante la magistrada el fiscal formuló preguntas directas al empresario sobre si éste había ayudado económicamente a la campaña electoral y si había ofrecido cantidades de dinero por la adjudicación de las dos plantas de basuras que la Diputación de Alicante prevé ubicar en La Vega Baja, donde Fenoll explota ya de manera irregular dos vertederos.

Aparte de las declaraciones de los detenidos, la única diligencia que ha practicado el juzgado ha sido la solicitud al Ayuntamiento de Orihuela de la declaración de bienes del ex portavoz del Centro Liberal, Jesús Fernández.

Bloqueada la contrata de las basuras

El mismo bloqueo que atenaza a la investigación judicial, en este caso por las dificultades técnicas para peinar las grabaciones, atraviesa en Orihuela el trámite para la adjudicación de la nueva contrata de basura del municipio, que motivó el inicio de las diligencias. La anterior corporación, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, aparcó el proceso a raíz del escándalo del supuesto soborno. El ex regidor, debido a la presión política y, sobre todo, a la escisión de su grupo, fue incapaz de sacar adelante la primera propuesta de la mesa de contratación municipal que otorgaba la mejor puntuación a la oferta de Urbaser. La de Fenoll quedó en tercer lugar.

La nueva corporación surgida de las urnas el 27 de mayo tampoco ha desbloqueado el proceso. La actual alcaldesa, Mónica Lorente, también del PP, que se opuso a la iniciativa de Medina de dar la contrata a Urbaser, pugna ahora por declarar desierto el concurso y redactar un nuevo pliego de condiciones. En su decisión, la regidora se ha topado con el boicot de la oposición que ha pedido un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser. No obstante, Lorente sorteará la demanda de la oposición, gracias a la mayoría absoluta que dispone. El grupo popular está más cohesionado alrededor de la alcaldesa, que en el caso del ex primer edil José Manuel Medina, salvo las excepciones de las concejales Araceli Vilella y Eva Ortiz. Pero podría permitirse la fuga esas dos ediles y aún sacar adelante su propuesta merced a su voto de calidad. La alcaldesa no ha fijado fecha para la celebración del pleno.

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