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12 kilómetros a pie contra los derribos

150 vecinos de la Cañada Real caminan hasta Vicálvaro para pedir que se legalicen sus casas

Una manifestación espontánea de unos 150 vecinos de la Cañada Real Galiana recorrió a pie los 12 kilómetros que separan esta zona protegida situada junto a Rivas-Vaciamadrid y la Junta Municipal de Vicálvaro. Los concentrados, que carecían de permiso de la Delegación del Gobierno en Madrid para esta protesta, causaron atascos en los carriles de entrada de la autovía de Valencia (A-3), ya que ocuparon un carril.

Los manifestantes protestaban por la carga policial "desproporcionada" del jueves y para pedir que terminaran de inmediato los desalojos en la Cañada Real. "Llevamos 30 años viviendo en esta zona y ahora están en nuestra contra. Hay otras construcciones, como la incineradora de Valdemingómez, que también están en terreno protegido", protestó Miguel Martín, de la Asociación de Cañada Real Galiana Sector V.

Durante la marcha, se vivieron momentos de tensión, ya que unos 15 agentes antidisturbios intentaron impedir que los manifestantes siguieran por la A-3. Los agentes les sacaron a la altura del barrio de Santa Eugenia para evitar mayores problemas de tráfico. Pero no lo lograron. Los vecinos siguieron andando por las calles aledañas hasta desembocar de nuevo en la autovía. "¿Nos vais a pegar como ayer?", preguntaba a gritos una mujer.

Tras una calurosa marcha que duró dos horas y 45 minutos, los afectados por los desalojos llegaron a la Junta Municipal de Vicálvaro. Un férreo dispositivo policial formado por unas 20 furgonetas de los antidisturbios y una decena de agentes locales vigilaba la plaza. Los policías sólo permitieron la entrada de cuatro representantes vecinales a la junta para ser recibidos por las autoridades. Pero al final, sólo recibieron el plantón. "Hemos esperado durante más de 20 minutos, pero nos han chuleado. Nos han dicho que no nos podían recibir porque no lo habíamos pedido por escrito. Tendremos que volver y presentar un papel para que nos den la reunión", protestó Sophian, uno de los que subió a la Junta.

Mientras, los que esperaban abajo no pararon de corear gritos como "legalización de nuestras casas", "no queremos violencia" y "que somos personas, no nos peguéis", entre otros. "Es una vergüenza. Nos están derribando todo lo que hemos levantado con nuestro dinero y nuestras manos", concluyó.

Los vecinos de la Cañada Real aprovecharon la tarde del jueves para limpiar el solar de la vivienda que fue derruida por la mañana. Ayer lucía unos ladrillos comprados entre los vecinos para que los propietarios puedan rehacer su vivienda, si así lo quieren. Durante toda la noche y parte de la mañana también mantuvieron hogueras en medio del campo en señal de protesta.

La parte baja de la Cañada Real luce desde ayer pancartas construidas con sábanas y manteles en los que se pueden leer lemas contra los desahucios: "No somos perros. Somos personas. Alto a la demolición. Queremos nuestras casas", reza una de ellas.

Auto judicial

Mientras, la juez de lo Contencioso-administrativo número 20 de Madrid paralizó ayer el derribo de siete viviendas ubicadas en la Cañada Real. La decisión judicial está promovida por los afectados que recurrieron el derribo.

La abogada de las siete familias rumanas que habitan las viviendas que debían haber sido derrumbadas ayer, Eva Navarrete, confirmó que todas ellas han recibido un "auto que confirma la suspensión de las órdenes de desalojo y demolición". La juez encargada del caso prolonga así la suspensión provisional determinada por tres días y que había sido promovida por los afectados. "Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso", explicó la letrada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de octubre de 2007