El Ejército tendrá 11.000 soldados más y 30 batallones menos

"Esta transformación es la más importante que ha acometido el Ejército de cuantas pueda recordar cualquiera de los aquí presentes. Es más profunda que todas las que hemos llevado a cabo en los años ochenta y noventa". Con estas palabras se refirió el pasado día 11 en el Congreso el jefe del Ejército de Tierra, Carlos Villar, a la reorganización militar en curso, que aumentará en 11.000 la cifra de soldados pese a suprimir el equivalente a 30 batallones.

A pesar del alcance de la reorganización, la información que ha trascendido es mínima. Al contrario de lo que sucedió con la reforma de 1994, cuando se publicó en el BOE el listado de unidades que iban a ser disueltas o trasladadas y el calendario, los anejos del Real Decreto 416/2006, que dio origen a la actual transformación, sólo citan las unidades que se mantienen. Los planes detallados de transición figuran en una orden ministerial de 2 de marzo pasado, pero se trata de una "orden comunicada"; es decir, que no se publica.

Por eso, se esperaba con interés el informe sobre la aplicación del plan de transformación que el Ministerio de Defensa acaba de remitir al Congreso. Sin embargo, este documento, fechado en septiembre pasado, apenas arroja luz sobre un proceso que debe culminar a finales de 2009 y que, según explicó el general Villar en la Comisión de Defensa del Congreso, ha supuesto hasta ahora la disolución de 22 unidades de entidad batallón y otras cinco menores; así como modificaciones en 30 regimientos. El personal afectado por las disoluciones y traslados previstos en el Ejército de Tierra asciende a 15.500 militares y 600 civiles.

Pese a estas disoluciones, el informe remitido por Defensa asegura que la transformación de las Fuerzas Armadas se saldará con un aumento neto "superior a los 11.000 efectivos, fundamentalmente de tropa". Ello se debe a que la mayoría de las unidades disueltas estaban "huecas"; es decir, con una cobertura ínfima de personal. De hecho, la plantilla teórica era de al menos 102.000 soldados, mientras que en realidad apenas superaban los 70.000. Ahora se ha fijado un techo más realista: 85.000.

Defensa sostiene que el personal de las unidades disueltas pasará a incrementar la plantilla de otras unidades de la misma base o guarnición, por lo que los efectivos por provincia no tienen por qué reducirse e incluso pueden aumentar. El informe evita citar casos concretos, pero advierte de que, "en Burgos y Baleares, la disolución de unidades logísticas afecta también al personal civil, que será preciso recolocar".

Según el documento, "la creación de unidades de la UME [Unidad Militar de Emergencias] en algunas de las provincias más afectadas por la reorganización contribuye a paliar los efectos de posibles disoluciones o traslados, a la vez que supone inversiones importantes en infraestructura".

De hecho, más de 4.000 de los 11.000 efectivos suplementarios formarán parte de la UME, cuya implantación supondrá una inversión de 136 millones, sólo en obras de infraestructura, hasta 2010. En total, las inversiones detalladas por comunidades autónomas superan los 230 millones.

El plan es, en todo caso, flexible y la prueba está en que el anejo del decreto aprobado en abril de 2006 fue modificado en febrero pasado para salvar la base aérea de Villanubla (Valladolid) y llevar a Getafe algunas unidades que estaba previsto trasladar a Torrejón de Ardoz (Madrid).