Los partidos que apoyaron sin objeciones las cesantías quieren ahora restringirlas

Las mismas fuerzas políticas que hace dos años aprobaron sin objeciones pagar cesantías a todos los diputados cuando dejan este cargo se muestran ahora partidarios de cambiar su regulación y hacerla mucho más restrictiva. Este cambio de posición se produce tras conocerse que nueve de los once diputados salientes siguen cobrando alrededor de 6.000 euros mensuales de la Diputación pese a estar colocados. Socialistas y el PP apoyarán con matices la propuesta del gobierno foral (PNV-EA) y de Aralar-EB de aumentar las restricciones para recibir esta prestación.

El "escándalo" de las cesantías en Guipúzcoa, como lo ha denominado Aralar, toma camino de reconducirse si finalmente los partidos de la oposición apoyan la propuesta del ejecutivo foral de reformular la norma foral 6/2005, que regula las indemnizaciones por cese que perciben los diputados que dejan de serlo. Las mismas formaciones políticas -PNV, EA, PSE, PP y EB- que hace dos años no pusieron ningún reparo al cobro automático de las cesantías se inclinan ahora por modificar la normativa para introducir severas limitaciones y equipararla a la de Álava y Vizcaya, donde sólo cobran el 40% del salario durante un mes.

Este cambio de orientación se da tras hacerse público que nueve de los once diputados del consejo presidido por Joxe Joan González de Txabarri están percibiendo un total de 50.725 euros mensuales de la Diputación. El ex diputado general está cobrando 6.524 euros al mes, además del salario que tiene asignado como presidente del Puerto de Pasajes. Los diputados salientes están ingresando 5.525 euros mensuales pese a que todos han retomado su actividad laboral. Salvo que renuncien a esta paga, podrán beneficiarse de estas cantidades durante doce mensualidades.

Sólo dos ex diputados han rechazado las cesantías. Rafael Uribarren, actual diputado de Agricultura, lo hizo antes de recibir la indemnización. Joaquín Villa, ex diputado de Innovación y actual asesor de su sucesor en el cargo, renunció justo después de salir en la prensa este controvertido asunto.

Aralar, el único partido que en 2005 se desmarcó, absteniéndose, en la votación de la norma, presentó en septiembre pasado una proposición para modificar el artículo 50, que regula las "indemnizaciones por cese de los miembros de la Diputación". Propuso que el importe de las cesantías fuera del 40% del sueldo durante un máximo de 12 meses y que sólo tengan derecho a las mismas los diputados que la soliciten expresamente, tras acreditar haberse quedado en el paro. En la actualidad cobran automáticamente durante un año el 80% del salario que tenían como diputados.

Incompatibilidades

Finalmente, el actual gobierno foral presidido por el peneuvista Markel Olano, que ha mostrado públicamente su disconformidad con lo que estipula la normativa sobre las cesantías, impulsará una nueva redacción del polémico artículo 50 y atenderá las principales iniciativas planteadas por Aralar, a las que también se ha sumado EB.

Ante este nuevo escenario, los socialistas consideran "procedente" modificar la normativa, porque se ha realizado "una interpretación abusiva" de la misma, afirma su actual portavoz, Miguel Buen. Durante su tramitación en las Juntas, aclara el dirigente socialista, "la discusión sobre las cesantías estuvo siempre vinculada al régimen de incompatibilidad de los diputados salientes" (artículo 19). "Las cesantías se contemplaron para aquellos a quienes su cargo en la Diputación les podía causar un quebranto en el ejercicio de su actividad privada", explica Buen, quien considera "fuera de lugar" que Txabarri y otros ex diputados que han vuelto a la administración pública sigan cobrando de la Diputación. En todo caso, Buen asegura que su partido no está en contra de rebajar el importe al 40%, aunque matiza que las cesantías "deben estar vinculadas a la incompatibilidad y no exclusivamente al hecho de irse al desempleo".

El PP coincide en "muchos" de los planteamientos formulados por Aralar para cambiar la normativa, indica Iñigo Manrique, juntero que defendió en la pasada legislatura la posición de su partido en este debate. "Visto lo ocurrido, es evidente que existen lagunas y un vacío reglamentario" en la norma, manifiesta. Los populares apoyarán que se introduzcan restricciones, aunque primero quieren analizar el contenido de la propuesta que ahora impulsa el gobierno foral.