Feminicidios: entre la impunidad y la responsabilidad

Aunque el asesinato de mujeres es un problema global, hay zonas en el mundo que se han convertido, tanto por la magnitud como por la complejidad del fenómeno, en casos paradigmáticos. Dichos lugares son también, muy a su pesar, espejos en los que podemos ver reflejados muchos de los males que afectan a las sociedades donde imperan patrones fundamentados en una cultura patriarcal. Éste es el caso, por ejemplo, de México y de los países de la región centroamericana. Es precisamente en México donde empieza a tomar cuerpo el concepto del feminicidio, y aunque dicho concepto se encuentra en plena evolución (hay quien defiende el uso del término femicidio, para oponerlo al de homicidio), lo relevante del mismo es que pone de manifiesto la existencia de uno de los fenómenos más preocupantes de nuestros días: el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

A lo largo de los últimos dos años el Parlamento Europeo ha llevado a cabo un intenso trabajo sobre el tema que se concretó el 11 de octubre cuando se adoptó el Informe sobre las muertes de mujeres (feminicidio) en México y América Central, y sobre el rol de la UE en la lucha contra el fenómeno. Con la adopción de este informe, la Eurocámara se sitúa en línea con otras instituciones que ya se han manifestado al respecto (Consejo de Europa y Naciones Unidas, además de diversos parlamentos y gobiernos de todo el mundo). El informe, por su contenido, supone avanzar de forma considerable tanto en la definición del problema como en la asunción de responsabilidades por parte de varios actores en la lucha por erradicarlo.

Uno de los principios que emanan del informe tiene que ver con el hecho de reconocer como punto de partida de todo análisis la multiplicidad de causas y tipologías existentes en este tipo de crímenes. Cierto es, por ejemplo, que el caso tan mediatizado de Ciudad Juárez (más de 400 mujeres asesinadas desde 1993) tiene mucho que ver con el hecho de que se trata de una ciudad fronteriza con los problemas propios de este tipo de zonas. Sin embargo, existen también otros muchos factores que obligan a concentrar esfuerzos y a llevar a cabo políticas públicas integradas. Dichas políticas incluyen: prevención (invertir en educación para la igualdad y revertir la cultura del patriarcado); mejoras en las recogidas de datos e investigación forenses; facilitar y agilizar la presentación de denuncias; formación de policías, jueces, fiscales y médicos en este tipo de delitos; control de las empresas locales y multinacionales que operan en la zona, muchas de ellas sometiendo a las mujeres trabajadoras a condiciones de enorme vulnerabilidad; reformas legislativas y transposición de normas hacia los estamentos pertinentes, y por último, un énfasis especial en el acompañamiento y apoyo de las víctimas y sus familiares. Con relación a esta última cuestión, hay que lamentar que en numerosas ocasiones las víctimas son menospreciadas e incluso criminalizadas, y sus familias perseguidas, por "atentar contra la imagen del país" al hacer visible el problema y reclamar justicia.

Finalmente, con relación al contenido, el informe reclama, entre otras cosas, que el problema de los asesinatos de mujeres, así como las medidas adoptadas para combatirlo, sean tratados de forma sistemática en los distintos ámbitos de diálogo entre la UE y México, por un lado, y la UE y los países de América Central, por otro; medidas concretas destinadas a incrementar los esfuerzos en la lucha contra este fenómeno, lo que incluye desde líneas presupuestarias específicas, hasta programas de formación de diferentes actores implicados en dicha lucha, como jueces, fiscales, policía, funcionarios, etcétera; dedicar una atención especial al apoyo y acompañamiento de las víctimas y de sus familiares, y que la Comisión presente, para mediados de 2008, una propuesta de coordinación de las diferentes iniciativas destinadas a combatir este problema, tanto en el marco de la UE como en los países directamente concernidos.

Raül Romeva es vicepresidente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Oportunidades (FEMM), y ponente del informe sobre feminicidios.