La Junta insiste en que legalizar 18.000 viviendas en Marbella exige compensaciones

El sistema de compensaciones contenido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que ha recibido unas 6.000 akegaciones de ciudadanos, aventura un nuevo capítulo de desencuentro entre el Gobierno municipal y la Junta. Mientras que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, sostiene que no se puede hacer pagar al comprador de las viviendas por las ilegalidades cometidas en los últimos 15 años, la administración autonómica sostiene que sólo es posible la legalización de las casas mediante compensaciones y que en ningún caso puede contemplarse una amnistía

Las 6.000 alegaciones presentadas al nuevo PGOU de Marbella han sido recibidas por la Junta como un síntoma de alta participación ciudadana y ganas de debatir sobre el documento ideado para solucionar los problemas urbanísticos acumulados por la ciudad en los últimos 15 años. El director de la oficina de Planeamiento de la Junta, José María Ruiz Povedano, aseguró ayer que las 2.000 personas que se manifestaron el lunes contra el sistema de compensaciones que establece el documento para regularizar 18.000 viviendas ilegales representan sólo a una parte de Marbella e insistió en que no hay otra fórmula legal para hacerlo. "Hay una ciudad que ha sido esquilmada de sus suelos públicos, a la que hay que restituir con zonas verdes y de equipamiento", explicó. En la misma ciudad residen y trabajan los miembros de las organizaciones como Ecologistas en Acción o asociaciones vecinales que han luchado durante más de una década para que se restablezca la legalidad urbanística, añadió Ruiz Povedano.

La Junta ha redactado el PGOU en el tiempo en que tuvo retenidas las competencias de planeamiento urbanístico a Marbella, devueltas tras las pasadas elecciones municipales. Ruiz Povedano incidió en que el documento se ha creado para solucionar problemas, no para crearlos. Recordó que las carencias y desmanes urbanísticos se han acumulado durante 15 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), por lo que no se puede aspirar a una resolución instantánea. "La situación es compleja, pero tenemos cuatro años para gestionarla y encontrar la fórmula", dijo.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella coinciden en que la aprobación del PGOU es imprescindible para el futuro de la ciudad. Aseguran que proporcionará seguridad jurídica y urbanística, tranquilizará a los vecinos y servirá para relanzar económicamente la ciudad.

Pero no tienen la misma percepción sobre la idoneidad del sistema de compensaciones. El redactor del PGOU, el arquitecto Manuel González Fustegueras, ha dejado muy claro que las 18.000 viviendas que se proponen legalizar llevan aparejadas las cargas urbanísticas, y que si no está el promotor para responder por ellas tendrán que asumirlas los propietarios. Ruiz Povedano ha aconsejado a los afectados que se constituyan en plataformas y que reclamen a los promotores, obligados a aportar esos terrenos en los dos años siguientes a la aprobación del PGOU.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) se niega a permitir que sean los compradores de buena fe quienes paguen los terrenos para zonas verdes o de equipamientos: "No se puede cargar al comprador ni obligarle a asumir responsabilidades que competen a las administraciones", ha declarado.

La regidora asegura que gran parte de las 6.000 alegaciones presentadas son de propietarios de viviendas ilegales. En los próximos meses, sus técnicos deben analizarlas, clasificarlas, y proponer una serie de cambios en el PGOU, que se aprobarán de forma provisional en un pleno, pero la aprobación definitiva del documento corresponde a la Junta. Ruiz Povedano se ha ofrecido a ayudar. "Hay que analizar esas alegaciones en profundidad y veremos que respuesta conviene dar. Estoy seguro de que muchas buscan mejorar el documento".

Ambas administraciones prevén meses de trabajo intenso para buscar soluciones y elementos que no alteren la tramitación del plan. Quieren tener aprobado definitivamente entre el verano y el otoño de 2008.

La posible creación de una oficina de servicios jurídicos gratuitos para afectados por el sistema de compensaciones, propuesta por la agrupación socialista, es otro de los aspectos que tendrán que negociar. Las dos administraciones lo ven bien, pero hay matices. La alcaldesa pide que la Junta quien lo financie, mientras que en la Oficina del PGOU aseguran que la tramitación y la gestión del plan urbanístico es algo "estrictamente municipal". "Debemos hacer el esfuerzo y hablarlo", apuntó Ruiz Povedano.