Unas compensaciones muy cuestionadas

La polémica de las cesantías saltó a la palestra en Guipúzcoa a partir de una denuncia pública formulada recientemente por Aralar. Aireó este asunto tras comprobar que varios diputados salientes seguían percibiendo el 80% de su sueldo después de cesar, lo que calificó como "un escándalo y una burla a los trabajadores". Este partido, que a finales de septiembre pasado presentó una proposición de norma foral para modificar el régimen de indemnizaciones por cese de diputados forales, ha decidido retirarla tras lograr que el actual ejecutivo haya asumido el compromiso de reformar la actual normativa y atender sus principales reivindicaciones.

La diputada de Presidencia, Edurne Egaña, aclaró que la actual Diputación "no ha impulsado" la normativa vigente y sólo se dedica a aplicarla. No obstante, reconoció que el artículo 50 de la norma 6/2005 produce "efectos indeseados", que van a tratar de subsanar promoviendo su reforma a finales de este año.

Los principales cambios que se van a introducir consisten en que la prestación compensatoria sea del 40% del sueldo, en lugar del 80%. Además, los diputados salientes sólo podrán cobrarla si acreditan que se quedan en situación de desempleo, y deberán solicitar la prestación expresamente, en lugar de recibirla de forma automática, como sucede ahora.

La norma incluirá también un régimen de incompatibilidades para beneficiarse de las cesantías y tendrá carácter retroactivo a partir del pasado 2 de julio. Esto significa que los cargos públicos forales que no cumplan los nuevos requisitos deberán devolver las cantidades percibidas hasta entonces.

En Vizcaya, la norma sobre cesantías está regulado por una norma foral aprobada en 1989, adaptada a la ley del Parlamento que estableció las condiciones para los cargos cesantes del Ejecutivo autonómico, que hasta ese año tenían un tratamiento similar al de Guipúzcoa. Tras un fuerte escándalo político, el sistema se reformó.

En Álava, los socialistas presentaron a finales de la pasada legislatura una enmienda para que el nuevo IRPF considere las cesantías como retribuciones normales y, como tales, tengan que ser declaradas por los beneficiarios y estén sujetas a las retenciones correspondientes. Estas indemnizaciones están libres de tributación. El Tribunal vasco de Cuentas ha reclamado en diversas ocasiones que deben recibir "el mismo trato fiscal que el resto" de las retribuciones.