Policías fuera de la ley

Este año las fiestas de Villanueva de Tapia (1.673 habitantes) han estado vigiladas por cuatro policías. Los vecinos de esta pequeña población de la comarca de Antequera (Málaga) están encantados con el despliegue de seguridad. Sus arcas municipales sólo dan para un vigilante y un policía local, pero gracias a un convenio firmado con seis pueblos aledaños pueden contratar los servicios policías locales vecinos para situaciones de excepción, como unas fiestas patronales o un estado de emergencia.

Junto a Villanueva de Tapia, han firmado este acuerdo Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas. La localidad con menos habitantes es Cuevas Bajas, con 1.400, y la más poblada es Archidona, en la que hay censadas 8.600 personas. Entre todos suman una plantilla de 32 policías locales que se mueven en función de las necesidades de cada uno de los pueblos.

La Unión de Policía Local y Bomberos tilda de "chapuza ilegal" la iniciativa

El acuerdo, rubricado bajo el auspicio de la Consejería de Gobernación, busca los resquicios de la ley de Coordinación de Policías Locales para crear, en la práctica, servicios mancomunados de policía. Sobre el papel no está permitido. En otras ocasiones ya se ha intentado, pero el Tribunal Constitucional ha declarado estas prácticas contrarias a derecho.

En el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLB) tildan de "chapuza ilegal" esta iniciativa. Están de acuerdo con el fondo, pero piden que se haga bien y para ello reclaman una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los ayuntamientos firmantes del convenio aseguran que la Delegación de Gobernación está "muy interesada" en abordar ese cambio legislativo, ya que sería muy útil para pueblos que no pueden permitirse una plantilla amplia de Policía Local.

Todo comenzó con la firma de convenios bilaterales de Archidona -la población con más policías locales- con Villanueva de Tapias y Cuevas del Becerro. Los acuerdos, de un año de duración, salieron bien, y decidieron ampliar el radio de acción. "Nos planteamos hacer un convenio de colaboración mantenido en el tiempo para que cada uno de los siete ayuntamientos pudiese cubrir sus deficiencias de seguridad", explica Manuel Sánchez (IU), alcalde de Archidona.

El convenio se rubricó el pasado 27 de septiembre y los municipios están encantados. "Es una iniciativa pionera en Andalucía, y ya ha despertado interés en varios municipios de zonas cercanas", añade Sánchez.

El trato prevé que los agentes puedan trabajar en los municipios vecinos para prestar servicios extraordinarios. Es algo completamente voluntario y que deben hacer fuera de su horario laboral. "Ellos siguen siendo funcionarios del pueblo al que están adscritos, y aquí están en comisión de servicio, les hacemos un contrato por las horas que echan, dándoles de alta y todo", detalla Encarnación Páez, alcaldesa de Villanueva de Tapia.

Según los alcaldes, los vecinos están muy satisfechos. Quieren que en su pueblo haya seguridad y gracias a este acuerdo tienen agentes controlando el tráfico cuando celebran algún evento o patrullas extra en fines de semana. Los agentes se han organizado solos. Tienen una bolsa de trabajo, a la que se apuntan voluntariamente, y se les llama en función de las necesidades de cada municipio. Cobran una tarifa fija para que no haya discriminaciones. Cada servicio de seis horas son 120 euros.

A pesar de los beneficios patentes de este acuerdo, en el sindicato UPLB denuncian que está fuera de la ley. "No es nada novedoso. Choca frontalmente con lo dictado por el Tribunal Constitucional y esta acción se realiza con el beneplácito de la Consejería de Gobernación", mantiene Francisco Corpas, secretario general de UPLB Andalucía. La anterior Ley de Coordinación de policías locales de Andalucía preveía la posibilidad de crear policías mancomunadas. En 1989 el Gobierno recurrió este articulado ante el Tribunal Constitucional y se declaró ilegal, con la excepción de situaciones de emergencia y previa autorización puntual.

La formación sindical ha denunciado esta situación ante la Subdelegación del Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Federación Española de Municipios y Provincias.