Un juez menos duro para el 'caso Malaya'
Óscar Pérez, sucesor de Miguel Ángel Torres en la instrucción de la trama marbellí, ha revisado la situación de varios imputados
En el mes y medio que lleva al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, el juez Óscar Pérez ha suavizado las rígidas medidas cautelares adoptadas por su antecesor, Miguel Ángel Torres, contra algunos de los imputados en el caso Malaya. El nuevo juez, en algunos casos, ha adoptado esas decisiones en contra del criterio del Ministerio Fiscal.
Hasta ahora, el magistrado y el fiscal siempre habían ido de la mano. Las defensas de algunos de los imputados le ven como un juez "más moderado" y tienen la esperanza de que rebaje las elevadas fianzas por responsabilidad civil fijadas por Torres. El principal imputado del caso, Juan Antonio Roca, ha recobrado la esperanza de salir en libertad tras habérsele negado en siete ocasiones.
Las decisiones del magistrado Pérez no han dejado indiferente a ninguna de las partes implicadas. La primera en trascender fue la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros de Julián Muñoz. Sorprendió porque el ex alcalde está implicado en un centenar de causas urbanísticas y Torres le mantenía en prisión incondicional aferrándose al riesgo de fuga. El juez también ha decidido dejarle en libertad con otra fianza de 50.000 euros por el caso de blanqueo de capitales en el que también están imputadas la cantante Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar. Sus abogados han pagado los 100.000 euros sin pestañear. Ahora, Muñoz depende de un permiso penitenciario para salir a la calle, ya que está cumpliendo dos penas por delitos urbanísticos.
El nuevo magistrado también ha retirado la fianza de 90.000 euros a Isabel Pantoja por la causa de blanqueo. Ha ordenado que se le devuelva el dinero que pagó en mayo para evitar la cárcel y ha flexibilizado las fechas en las que la cantante ha de ir a los juzgados y no lo haga necesariamente el 1 y 15 de cada mes.
Algunos letrados esperan que se confirme esta tendencia de flexibilizar las medidas cautelares. El más interesado en este aspecto es el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el único de la trama de corrupción marbellí que sigue en la cárcel. Su abogado, José Aníbal Álvarez, ha recobrado la esperanza: "Lleva 19 meses en prisión preventiva por un delito económico, nadie ha estado tanto tiempo en España por una acusación similar".
El hecho de que las decisiones de Óscar Pérez contradigan los consejos de la Fiscalía también ha despertado algunas suspicacias. Fuentes judiciales aseguran que el trato de los magistrados con el Ministerio Fiscal siempre "es correctísimo" y que en este caso "no está siendo una excepción". A pesar de ello, aprovechan para recordar que el nuevo instructor tiene una gran responsabilidad entre las manos. "Se puede ser más o menos flexible en cuestiones que no afecten mucho a la sociedad, pero cuando se trata de conductas tan graves, que han tenido mucha trascendencia pública, y en las que además, los imputados han prestado muy poca colaboración para reparar los perjuicios dañados, el rigor debe ser máximo", señalan. "En estas causas el reproche social y jurídico debe ser mayor", añaden.
El magistrado ha de recibir a los abogados de los 86 procesados del caso Malaya, además de atender los múltiples asuntos que entran en el juzgado del que es titular. A pesar de que ya ha comenzado a exigir el pago de los 2.500 millones de responsabilidad civil que fijó el juez Torres, las defensas esperan que se rebaje esa cantidad. Esos 5.200 millones deben servir para pagar las indemnizaciones por los daños causados a la ciudad, una vez que se celebre el juicio.
El magistrado Óscar Pérez, de 40 años, comenzó su carrera judicial en la provincia malagueña. Accedió a la judicatura por oposición y en junio de 2003 se convirtió en titular del Juzgado número 1 de Vélez-Málaga.
De aquella etapa conserva buenos amigos, entre los que se encuentra el antiguo comisario de la localidad. Los abogados locales se deshacen en halagos. Después de tres años se marchó al País Vasco. "Cuando ascendió a magistrado tuvo que irse allí porque en Vélez-Málaga los juzgados no tienen esta categoría", explica el socialista Antonio Souvirón, ex alcalde de la ciudad. "Me dio mucha alegría cuando vi que había venido otra vez para Málaga. Estoy seguro de que en Marbella arreglará todo lo que haya que arreglar. Es un magnífico profesional, preparado y con valores cívicos. El prototipo de un buen juez", afirma.
Decisiones revocadas
En las últimas semanas, la Audiencia Provincial de Málaga ha revocado, al menos parcialmente, tres decisiones adoptadas por Miguel Ángel Torres, un magistrado conocido por la dureza de sus medidas, pero también por la excelente motivación de sus resoluciones.
Con el avance de la instrucción del caso Malaya, el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga disminuye y se hace necesario matizar las medidas cautelares. El primero en conseguirlo fue el ex comisario Florencio San Agapito, a quien por decisión de la Audiencia se han devuelto los 500.000 euros de fianza impuestos por Torres.
Le siguió el ex jefe de Policía Local Rafael del Pozo. Su fianza ha pasado de 20.000 a 6.000 euros. La tercera revocación ha llegado esta semana. La Audiencia ha acordado la libertad bajo fianza del ex primer teniente de alcalde Pedro Román. Para conseguirlo, el que fue mano derecha de Jesús Gil entre 1991 y 1998 tendrá que abonar un millón de euros, la mayor fianza del proceso. Román lleva más de cinco meses en prisión.
Según la investigación, se asoció con el ex comisario San Agapito y el abogado Juan Hoffman, considerado por Torres testaferro internacional de Roca, en una operación inmobiliaria para la que crearon una sociedad en Suiza. Cuando la pague, sólo Roca quedará en prisión.
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