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Reportaje:

Medidas judiciales más suaves en el 'caso Malaya'

El juez Óscar Pérez ha revisado algunas decisiones cautelares tomadas por su antecesor, Miguel Ángel Torres

En el mes y medio que lleva al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, el juez Óscar Pérez ha suavizado las rígidas medidas cautelares adoptadas por su antecesor, Miguel Ángel Torres, contra algunos de los imputados en el caso Malaya, en algunos casos en contra del criterio de la Fiscalía.

Óscar Pérez también ha ordenado devolver a Isabel Pantoja la fianza de 90.000 euros

El nuevo juez ha decidido retirar la prisión incondicional contra Julián Muñoz

Hasta ahora, el magistrado y el fiscal siempre habían ido de la mano en la investigación del mayor caso de corrupción municipal destapado en España. Las defensas de algunos de los imputados le ven como un juez "más moderado" y tienen la esperanza de que rebaje las elevadas fianzas por responsabilidad civil fijadas por Torres. El principal imputado, Juan Antonio Roca, ha recobrado la esperanza de salir en libertad, denegada siete veces hasta ahora.

Las decisiones del magistrado Pérez no han dejado indiferente a ninguna de las partes implicadas. La primera en trascender fue la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros de Julián Muñoz por el caso Malaya. Sorprendió porque el ex alcalde está implicado en un centenar de causas urbanísticas y Torres le mantenía en prisión incondicional aferrándose al riesgo de fuga.

El juez ha decidido dejarle en libertad con otra fianza de 50.000 euros por el caso de blanqueo de capitales en el que están imputadas también Mayte Zaldívar (ex mujer de Julián Muñoz) y la cantante Isabel Pantoja, sin atender la petición del fiscal, que quería fijarla en el doble. Sus abogados han pagado los 100.000 euros sin pestañear. Ahora, Muñoz depende de un permiso penitenciario para salir a la calle, ya que está cumpliendo dos penas por delitos urbanisticos.

El nuevo magistrado del juzgado 5 también ha retirado la fianza de 90.000 euros impuesta a Isabel Pantoja por la causa de blanqueo, igualmente contra el criterio del ministerio público. Ha ordenado que se le devuelva el dinero que pagó en mayo para evitar la cárcel y ha flexibilizado las fechas en las que la cantante ha de ir a los juzgados para que no lo haga necesariamente el 1 y el 15 de cada mes.

Sus decisiones han hecho pensar a algunos letrados que la flexibilidad en las medidas cautelares podría convertirse en tendencia. El más interesado en este aspecto es el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el único de la trama de corrupción marbellí que sigue ligado a la cárcel por un auto de prisión del juez Torres. Su abogado, José Aníbal Álvarez, ha recobrado la esperanza de que se atiendan sus peticiones. "Lleva 19 meses en prisión preventiva por un delito económico, nadie ha estado tanto tiempo en España por una acusación similar", dice.

El hecho de que las decisiones de Óscar Pérez contradigan los consejos de la Fiscalía también ha despertado algunas suspicacias. Fuentes judiciales aseguran que el trato de los magistrados con el Ministerio Fiscal siempre es "correctísimo" y que en este caso "no está siendo una excepción".

A pesar de ello, aprovechan para recordar que el nuevo instructor tiene una gran responsabilidad entre las manos. "Se puede ser más o menos flexible en cuestiones que no afecten mucho a la sociedad, pero cuando trata de conductas tan graves, que han tenido mucha trascendencia pública, y en las que, además, los imputados han prestado muy poca colaboración para reparar los perjuicios causados, el rigor debe ser máximo", señalan. "En estas causas el reproche social y jurídico debe ser mayor", añaden.

En su nueva etapa, el magistrado ha de recibir a los abogados de los 86 procesados del caso, además de atender los múltiples asuntos que entran en su juzgado. Los letrados que ya le han conocido tienen buenos augurios.

A pesar de que ya ha comenzado a exigir el pago de las fianzas por responsabilidad civil que fijó el juez Torres, los letrados de la defensa esperan que atienda a sus requerimientos y revise las cantidades. Los 5.200 millones de euros reclamados deben servir para pagar las indemnizaciones por daños causados a la ciudad, una vez que se celebre el juicio.

Óscar Pérez, de unos 40 años, comenzó su carrera judicial en la provincia malagueña. Accedió a la judicatura por oposición y en junio de 2003 se convirtió en titular del juzgado número 1 de Vélez-Málaga, ciudad a la que sigue muy vinculado.

De aquella etapa conserva buenos amigos, entre los que se encuentra el antiguo comisario de la localidad. Los abogados locales se deshacen en halagos. Después de tres años se marchó al País Vasco. "Cuando ascendió a magistrado tuvo que irse allí porque en Vélez-Málaga los juzgados no tienen esta categoría", explica el ex alcalde socialista Antonio Souvirón. "Me dio mucha alegría cuando vi que había venido otra vez para acá. Estoy seguro de que en Marbella arreglará todo lo que haya que arreglar".

El ex regidor coincidió con el magistrado en numerosos actos y conferencias de temática judicial, al igual que el anterior decano del Colegio de Abogados Nelson Sánchez Stewart. Ambos sólo tienen buenas palabras para definirle. "Es un profesional magnífico, responsable, preparado y con valores cívicos. El prototipo de un buen juez", manifiesta Souvirón.

El antiguo portavoz del Colegio de Abogados destaca "el buen trato" que tiene hacia los letrados, su buen hacer como jurista y la calidad de sus sentencias. "Es una persona afable, sencilla, como nos gustaría que fueran todos los jueces", añade Sánchez Stewart.

Óscar Pérez ejercía como juez decano en Vélez-Málaga, ciudad a la que ha regresado en varias ocasiones desde que ocupa su nueva plaza en Marbella. Fuentes judiciales de esta localidad subrayan su independencia y discreción en el trabajo. "No le gusta nada llamar la atención pública, al menos no hizo nada por captarla mientras estuvo aquí", afirman.

La Audiencia también matiza

En las últimas semanas la Audiencia Provincial de Málaga ha revocado, al menos parcialmente, tres decisiones adoptadas por Miguel Ángel Torres, un magistrado conocido por la dureza de sus medidas, pero también por la excelente motivación de sus resoluciones. Conforme ha avanzado la instrucción del caso Malaya el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga ha disminuido y se han corregido algunas medidas. La Audiencia ha devuelto la fianza de 500.000 euros al ex comisario Florencio San Agapito y ha rebajado de 20.000 a 6.000 la impuesta al ex jefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo.

Esta misma semana, la sala ha acordado la libertad bajo fianza del ex primer teniente de alcalde Pedro Román. Para conseguirlo, el que fue mano derecha de Jesús Gil entre 1991 y 1998 tendrá que abonar un millón de euros, la fianza más alta impuesta hasta ahora en el procedimiento. Román lleva más de cinco meses en prisión. Según la investigación, se asoció con el ex comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffman, considerado por Torres testaferro internacional de Roca, para realizar una operación inmobiliaria para la que crearon una sociedad en Suiza.

Cuando Román pague, sólo quedará en prisión Roca.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de octubre de 2007

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