La Fiscalía censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales

"Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.

La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.

Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.

Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.

En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".

Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".

El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.

También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".