El Gobierno actúa para recusar a dos miembros del Constitucional -

La batalla por el control del Tribunal Constitucional, que ahora integran seis magistrados conservadores y seis progresistas, está servida. El Consejo de Ministros habilitó ayer a la Abogacía del Estado para la recusación de dos magistrados conservadores ante el recurso que ha presentado el PP para impedir que la progresista María Emilia Casas, que preside el Tribunal y dirime con su voto de calidad los posibles empates, siga al frente del organismo. La recusación, para la que ayer dio vía libre el Consejo de Ministros, será la primera que se produzca en democracia, y llega cuando el Constitucional sufre una de sus peores crisis.

El intento de apartar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata de la deliberación del recurso presentado por el PP responde a que ambos magistrados habrían demostrado tener interés en el recurso, al exigir a la presidenta su dimisión y cuestionar la ley del Gobierno aprobada en el Congreso antes de que fuera recurrida. En una carta dirigida a la presidenta, ambos expresaron su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley. Ese documento serviría de base al Gobierno para plantear la recusación de ambos magistrados.

En el caso de ser aceptada, la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata devolvería el control del pleno al sector progresista, que tendría cinco votos en las deliberaciones, por tres de los conservadores.

El Ministerio de Justicia aclaró ayer que el acuerdo adoptado no supone que la decisión de recusar se haya adoptado ya. La habilitación al abogado del Estado le faculta para actuar en el recurso, pero, según Justicia, antes de presentar la recusación tendría que producirse otra autorización del Gobierno. En todo caso, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, ya ha estudiado la viabilidad de una posible recusación tras examinar la carta de García-Calvo y Rodríguez-Zapata en la que expresaban su oposición a la reforma que ahora pretenden juzgar.

El Constitucional examinará en los próximos meses media docena de recursos contra algunas de las principales leyes aprobadas por el Gobierno y varios estatutos de autonomía.